Ante los incendios forestales que atraviesan el país, ATE exige que se declare la emergencia ambiental en todo el territorio

En el marco de los incendios que hace más de una semana vienen atravesando distintas regiones del país, más focalizado en la provincia de Córdoba, el Consejo Directivo Nacional de ATE exige al Gobierno de Milei que se declare la Emergencia Ambiental en todo el territorio argentino.

En el caso particular de esa provincia mediterránea, desde hace una semana el fuego arrasa con casas, animales e incalculables hectáreas de monte, situación que tiene a brigadistas, bomberos y vecinos trabajando sin descanso y en alerta. El fuego ya avanzó sobre las localidades de San Esteban, Dolores, Capilla del Monte, Los Cocos, Cruz Grande, Villa Giardino y La Cumbre, siguiendo curso y reavivando focos porque el clima caliente, seco y ventoso no da tregua.

Desde hace largo tiempo ATE bien poniendo en agenda los incendios forestales que afectan al país y que en los últimos años, además de Córdoba ha dejado, ha producido grandes incendios, con innumerables daños ambientales que tardarán años en recuperarse, en zonas turísticas del sur del país, en Corrientes y grandes regiones del centro norte donde también se provocan incendios para ampliar la producción agropecuaria, lo cual viene generando además cambios climatológicos en el territorio nacional.

Respecto a esta particularidad actual de lo que pasa en Córdoba, el Secretario de Convenios Colectivos del Consejo Directivo Nacional, Flavio Vergara, expresó que “es fundamental que se declare la emergencia nacional porque ello permite articular a todas las fuerzas de bomberos, de brigadas de incendios y de recursos materiales para que se pongan a disposición de manera articulada, a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego” y subrayó que “es responsabilidad nacional la inversión y la coordinación porque estas son acciones fundamentales”.

En este sombrío panorama bien vale agregar la situación de las y los trabajadores combatientes de incendios forestales, que se ven desbordados en sus tareas por falta de personal y por sus condiciones precarias de trabajo, con falta de elementos y bajos salarios. Sobre este punto Vergara señaló: “los brigadistas del sistema nacional no superan los 500 trabajadores y tienen un sueldo inicial es de 455.000 pesos ya no por debajo de la línea de pobreza sino rayando la línea de indigencia, que también debe ser discutida más allá que hoy la emergencia es resolver esta catástrofe porque además del espacio natural se están quemando casas”.

Por último, el dirigente nacional de ATE enfatizó que “las quemas son intencionales, no es que responden a ‘loquitos sueltos’ sino que tienen que ver con negocios inmobiliarios, agronegocios o la extracción minera todo vinculado al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que arrasa con la tierra para distintas formas de explotación, con que podemos concluir que todo fuego que se ve en este tiempo es fuego político”.

Quién también interpreta lo mismo por el fuego reciente es Julia Giuliani, quién explicó que “en Córdoba llevamos más de 15 años donde entre agosto y septiembre hay incendios intencionados”.

Giuliani sostiene que “las y los cordobeses terminamos naturalizando una situación que tiene como intencionalidad extender los agronegocios y el avance de la especulación inmobiliaria. Los procesos incendiarios en distintos puntos de la provincia no se deben exclusivamente a una cuestión climática, sino que también es lucrativa”.

Este año Córdoba ya tiene más de 40.000 hectáreas incendiadas y se ve agravada por factores políticos y presupuestarios. Al respecto la vocal nacional detalló que “el DNU 70/2023 ha desregulado la función del Estado, sumado a la derogación de la ley de tierras; el desarme del Fondo para distribución de energías renovables; la derogación de la ley 24523 (Sistema Nacional de Comercio Minero) y lleva adelante un recorte del presupuesto del área que hoy se sostiene con un presupuesto nacional mínimo”.

Giuliani también responsabiliza al gobierno provincial y diputadas, diputados, senadoras y senadores provinciales por haber apoyado los recortes presupuestarios.