ATE advirtió sobre el mal funcionamiento de la Obra Social entrerriana

ATE Entre Ríos, a través del Consejo Directivo Provincial, alertó que continúa el mal funcionamiento del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) pese a estar intervenido por el Gobierno provincial. “No estamos de acuerdo con la intervención, pero fue necesaria para que los organismos de control funcionen. No puede haber corrupción y el sistema de la Obra Social requiere de transparencia”, observó Oscar Muntes, Secretario General de ATE Entre Ríos.

Con más de 250.000 usuarios y usuarias, la Obra Social que maneja el segundo presupuesto más grande la provincia de Entre Ríos se encuentra atravesando un proceso administrativo complejo que requirió de la supervisión del poder central para intentar resolver las falencias que no supo hacer el Directorio (por un periodo de seis meses). “Algo no funciona bien, lo que falta es gestión en la conducción de la obra social. No se puede seguir de esta forma”, declaró Muntes.

Los primeros informes desde la intervención que llevó adelante el Gobierno provincial en diciembre 2024 advirtieron una fuga económica importante vinculada a las percepciones del Directorio de organismo, que rondan los 16 millones de pesos (que incluye los gastos extraordinarios) por cada uno de los siete integrantes del cuerpo directivo. Mientras tanto las prestaciones de los servicios de salud a las y los usuarios es deficitaria, presenta demoras excesivas para la entrega de medicamentos especiales y prótesis. Además, el porcentaje de amparos judiciales contra la Obra Social es cada vez más alarmante. Actualmente se presentan 150 amparos por mes, generalmente vinculados a personas con discapacidad, otorgamiento de prótesis y entrega de medicamentos especiales.

“No puede ser que los trabajadores para resolver sus necesidades tengan que recurrir a un amparo judicial o el tráfico de influencias. Hoy funciona de una manera un poco más eficiente, si bien no es lo ideal. Por eso, hay que rediscutir el funcionamiento de nuestra obra social pero tiene que seguir siendo administrada por los trabajadores y trabajadoras” concluyó el dirigente.

Otro tema central que afecta a la Obra Social y que le compete al Gobierno provincial es la importante cantidad de trabajadores y trabajadoras precarizados que actualmente existe en la provincia que impide que puedan hacer su aporte económico pero que sin embargo utilizan los servicios.

ATE había repudiado la decisión del Gobierno provincial actual cuando dispuso en diciembre de 2024 la intervención de la Obra Social con el objetivo de fiscalizar la actividad del organismo público. En seis meses, tiempo que dura la intervención por ley, nuevamente los y las trabajadores podrán elegir los representantes y con ello el funcionamiento de los organismos de control para garantizar el buen funcionamiento.

Historia de la Obra Social entrerriana

El Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) se fundó el 18 de mayo de 1973, mediante la Ley Nº 5.326 – reconvirtiendo lo que antes había sido la Caja Mutual del Personal de la Administración Pública de Entre Ríos -.

Por 20 años el IOSPER dependió del Poder Ejecutivo Provincial, que determinó el presupuesto y designó a las autoridades de la institución.

En 1997, se impuso un nuevo reglamento de elecciones a fin de llevar a cabo la transferencia de la administración del IOSPER a sus beneficiaros. Desde mayo de 1998, la administración del Instituto de la Obra Social de la provincia de Entre Ríos fue delegada a las y los trabajadores. Desde entonces la gestión está a cargo de un Directorio compuesto por siete miembros representativos de los trabajadores estatales -activos y pasivos- elegidos por voto directo de los beneficiarios de la Obra Social. Cada miembro encarna a los siguientes sectores: activos del poder ejecutivo, municipales, policía, empleados del poder legislativo y judicial, docentes, jubilados y empleados del IOSPER.

Basado en la solidaridad, el sistema funciona a partir de un aporte económico que hacen sus afiliados, a un fondo común que se redistribuye entre quienes lo necesiten, con el objetivo de brindar servicios de salud y cubrir otras contingencias sociales conexas a las y los usuarios.