ATE repudió el accionar discriminatorio y el ajuste en la Agencia Nacional de Discapacidad

La Asociación Trabajadores del Estado repudió enérgicamente la resolución 187/2025 publicada en la jornada del jueves por las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad en la que utilizan términos como “imbécil”, “idiota” y “débil mental”, para referirse a personas con discapacidad intelectual.

Esta medida establece los nuevos parámetros para la evaluación médica para acceder a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. La utilización de esta terminología discriminatoria es inaceptable y le sirve al Gobierno para impedir que cientos de miles de personas accedan a sus derechos, como viene ocurriendo con los Certificados de Discapacidad.

La Secretaria de Derechos Humanos del Consejo Directivo Nacional de ATE, Valeria Taramasco, manifestó: “Una vez más el Gobierno demuestra su desprecio por los derechos humanos, la normativa internacional y el rol del Estado como garante de estos derechos fundamentales para el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria. Hacen gala de su brutalidad humana e intelectual, al tratar de imponer una clasificación absolutamente estigmatizante y discriminatoria, además de arcaica”.

En la actualidad la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es conducida por Diego Spagnuolo, el ex abogado personal de Javier Milei y, como viene ocurriendo en diversos organismos públicos, está siendo sometida a vaciamiento. En lo que va de la gestión actual, ya despidieron a 300 trabajadoras y trabajadores y los que continúan lo hacen en condición de precarización laboral, con paritarias absurdas, contínua pérdida de poder adquisitivo y con la carga de trabajo duplicada como consecuencia de la falta de personal.

Si bien el Ejecutivo lanzó un comunicado donde retrocedió en estos cambios, debido al amplio repudio que generó este accionar, la nueva normativa solo cambiará la terminología, pero la resolución mantendrá la finalidad de cambiar los parámetros para medir los grados de discapacidad y así justificar la intención del Gobierno de dar baja de 200 mil pensiones.