ATE sigue impugnando el Sistema de Evaluación Pública
Se le reclamó al Gobierno que garantice la continuidad laboral de quienes desaprobaron la evaluación. A la vez que se lo instó a que no avance con el proceso en las provincias y localidades fuera del AMBA.
A través de dos notas dirigidas al Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, del ministerio que tiene como titular a Federico Sturzenegger, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) continúa reclamando el freno de un proceso que como se viene denunciando es completamente innecesario, injusto e irregular.
En ese sentido, ATE le reclamó al Gobierno la continuidad laboral de quienes no han aprobado el Sistema de Evaluación Pública (SEP) dentro de los tres intentos, la extensión del plazo para rendir y exigió nuevas chances para realizarlo. Como se argumenta desde el documento (que podés leer acá) queda en evidencia que fueron nulos “los esfuerzos hechos por el Estado empleador para brindar acciones, actividades y propuestas de capacitación y formación suficientes para el desarrollo de la carrera y trayectorias laborales de las y los trabajadores, según establecen las convenciones colectivas de trabajo en el Estado nacional y la normativa vigente en materia de empleo público”.
Por otro lado, en otra de las notas (de lectura completa acá) también se exige a las autoridades que garantice la continuidad laboral de las y los trabajadores de las localidades y provincias que exceden el Área Metropolitana de Buenos Aires y la prórroga contractual por todo 2025, ya que en esta primera etapa del SEP quedó ampliamente demostrada la innecesariedad de la evaluación, en el marco de despidos masivos y vaciamiento de carteras del Estado. Es sustancial recordar que hoy, 31 de marzo, culmina el proceso iniciado en diciembre, y más del 96 % de los y las estatales que rindieron aprobaron.
En este sentido el titular de la Secretaría de Convenios Colectivos Flavio Vergara expresó: “lo decimos en todos lados. El SEP no muestra la idoneidad de las y los trabajadores, el Estado debe garantizar la capacitación a los y las evaluadas y la continuidad laboral no puede estar sujeta a su aprobación”.