Motosierra, licuadora y freezer: desplome del poder adquisitivo de las y los estatales

Un informe elaborado por la Secretaría de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional da cuenta de la caída del poder adquisitivo de las y los estatales tras la publicación del nuevo dato de inflación de junio, del 1,6% que se conoció este lunes. El ajuste se acentúa en base a los más de 50.000 despidos y el desguace de los organismos públicos. Para compensar la pérdida salarial aumentó la necesidad de sumar trabajo en paralelo, mayormente precarizado. 

A la par que el Gobierno nacional sigue dilatando la negociación paritaria pese a los fuertes reclamos de ATE, el poder adquisitivo de las y los trabajadores de la Administración Pública sigue cayendo, profundizado por el achique del Estado, los despidos masivos y la precarización en el sector público. 

Según relevó el último informe salarial ‘Nevada Libertaria: los Cascarudos del ajuste contra del Estado y sus trabajadores’ que elaboró el Departamento de Análisis de Empleo, Salarios y Políticas del Sector Público, de la Secretaría de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional con el cierre de la paritaria 2024-2025 el sector acumuló una pérdida salarial del 15,8 %. Si se considera desde diciembre 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei asumió la presidencia, la pérdida llegó a un 35,9%, si se toma de base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), pero más de 40% si se considera el aumento de los servicios, alquiler y educación en el consumo familiar. Se pronuncia así la línea salarial descendente que ATE viene denunciando. 

En cuanto a la paritaria 2025-2026 el Gobierno nacional impuso un cuarto intermedio con el objetivo de dilatar los tiempos de la negociación mientras la inflación sigue subiendo, lenta pero constante. 

Cabe recordar que el IPC-INDEC publicado este lunes arrojó un 1,6% para junio. Por otro lado, el costo de las Canastas sigue desfasado en relación a los sueldos. La Canasta Básica Total está en 1.128.398 pesos y la Canasta Básica de Alimentos en 506.008 pesos. Es importante reiterar que las estadísticas oficiales se encuentran objetadas dado que no contemplan el actual peso de los servicios respecto de los bienes en la composición del gasto de los hogares. Algo que ya se advertía en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 y se vio reforzado con la modificación de la estructura de precios relativos tras la devaluación del peso y el aumento de las tarifas de los servicios y transporte desde la asunción de Javier Milei. La actualización de las ponderaciones del IPC-INDEC se encuentra demorada por el propio Gobierno nacional ya que contradice su discurso sobre la desinflación en curso. Considerando los nuevos ponderadores, la inflación sería mayor y, por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo de las y los estatales alcanzaría el 40%.

Caída libre de los salarios estatales

La caída de los salarios reales en la Administración Pública Nacional arrojó a las y los trabajadores a la pobreza, incluso a la indigencia. Así por ejemplo, la remuneración bruta correspondiente a una categoría media del Convenio Colectivo de Trabajo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), es de 986.798 pesos. Es decir, no alcanza la línea de pobreza. A su vez, la remuneración bruta de una categoría inicial para el mismo sectorial es de 464.223 pesos, por debajo de la línea de indigencia. 

El informe también evidencia que hay un aumento en la sobreocupación y de la informalidad laboral. El sector intenta compensar el deterioro de sus salarios trabajando fuera de su jornada normal y habitual, en oportunidades a través de plataformas poco reguladas. 

Por otro lado, el ajuste sobre el sector público también se refleja en la política de achicamiento del Estado. Aumentaron los despidos, los pases a disponibilidad y el cierre, fusión y/o concentración de organismos. 

Entre diciembre de 2023 y mayo de este año, la ocupación en la Administración Pública Nacional se redujo en 31.854 puestos de trabajo. Si además se le suma lo sucedido en las empresas y sociedades del Estado, la pérdida de puestos de trabajo alcanza los 50.459. 

Se tratan de despidos arbitrarios y encubiertos bajo eufemismos como no renovaciones de los contratos, jubilaciones, retiros voluntarios y renuncias (generalmente motivadas por el deterioro de los salarios y las condiciones de trabajo).

El documento enfatiza la idea de que la inflación no solo está siendo controlada por la no emisión monetaria, sino mediante la intervención del Gobierno en las tarifas, el dólar y, principalmente, los salarios. El Poder Ejecutivo impuso un techo a las paritarias, negándose a homologar los acuerdos alcanzados entre las organizaciones sindicales y las cámaras  empresariales que superasen la pauta oficial del 1% mensual. 

Política económica: ganadores y perdedores 

El informe también destaca que si bien la actividad económica se viene recuperando, el consumo masivo todavía se encuentra por debajo de los niveles de fines de 2023, entre un 6% y un 16%, siguiendo distintos relevamientos. En paralelo, los viajes y el consumo de bienes importados aumentaron exponencialmente debido a la apreciación cambiaria y la reducción de trabas jurídicas, impuestos y aranceles a la importación. “Estos datos dan indicios de un consumo diferenciado entre los sectores de mayores ingresos y el resto de la población de ingresos medios y bajos”, concluyó el equipo de ATE. Esta caída del consumo no repunta pese al endeudamiento de los hogares, a través de tarjetas de crédito o billeteras virtuales, y un alto porcentaje lo hizo para financiar la compra de alimentos y bebidas. 

Para acceder al informe ingresá acá.