ATE advirtió sobre el abordaje de la Salud Mental desde un paradigma regresivo

Días atrás el subsecretario de Tecnología y Equipamiento de Santa Fe, Armando Faraoni, anunció desde el Ministerio de Justicia y Seguridad que para el mes de septiembre, el personal policial contará con pistolas Taser junto con el arma reglamentaria. Alegando que son armas menos letales, se informó que podrán ser usadas en personas bajo el efecto de estupefacientes o con su “psiquis alterada”. 

Ante estas declaraciones las y los trabajadores de la Salud Mental se alertaron porque, desde hace años, se entiende que el tratamiento de una persona que está atravesando una crisis subjetiva pasa por la contención clínica y el cuidado. La respuesta del Gobierno provincial no puede ser entonces el uso de Tasers. 

Desde  diferentes efectores públicos de Salud Mental se viene solicitando a la Subsecretaría de Salud Mental y al Ministerio una definición clara de la estrategia clínica-política frente al sufrimiento de las personas, las familias y la comunidad en su conjunto ante el consumo problemático de sustancias.

Desde el sector observaron que el narcotráfico y el narcomenudeo no se ha visto reducido, sino todo lo contrario se ha profundizado notablemente y quienes asisten en el territorio y en los hospitales monovalentes observaron que se han destinado fondos millonarios para entidades privadas religiosas, y se parece más a un lobby que a la ejecución de una política clara en torno al abordaje clínico y comunitario. Y concluyeron que es un contexto que necesita pensar de un modo integral las intervenciones que permitan reconstruir la perspectiva de futuro, que incluya comunitariamente a partir de los lazos que se construyen en clubes, escuelas y trabajo.

Los fabricantes de estás armas de “baja letalidad” advirtieron que pueden causar lesiones o muertes si se utiliza en personas bajo el efecto de sustancias  o con padecimientos mentales. También alertaron que no pueden ser usadas en menores, mujeres embarazadas o personas de baja masa corporal. Se prohíben los disparos en zonas sensibles como genitales, pecho, cara y/o garganta.

Se suma a esta preocupación la inclusión de políticas y prácticas represivas con lo que ha sido anunciado en la Colonia de Oliveros, ante presencia de la Directora de Salud Mental y la subsecretaria de Salud Mental, la inclusión de 1900 horas de personal policial en la institución. Lejos de las políticas de cuidado y de derechos humanos que requiere el sector para una real transformación.

Es por eso que las y los trabajadores de la Salud Mental solicitaron a las autoridades del Ministerio de Salud y de Justicia que no se implemente el uso de pistolas Taser en personas vulnerables que atraviesan una crisis subjetiva o descompensación por consumo problemático. Y exige al Ejecutivo, una vez más, la intervención interministerial para respuestas integrales frente a la perspectiva de futuro devastada por el hambre, la desocupación, el narcotráfico y la exclusión. Las respuestas a los problemas de salud mental no pueden ser represivas, por eso demandan la implementación del Plan Provincial 2022-2028, que contiene como uno de los puntos de anclaje la apertura de Centros Territoriales de Salud Mental Comunitaria.

Fuente: trabajadoras y trabajadores de la Salud Mental en ATE Rosario. 

Foto: CEDOC