Acampe: Jornada sobre Agroindustria y Soberanía alimentaria

En una charla conjunta trabajadores de ATE en SENASA, Agricultura
Familiar e INTA trazaron un panorama sombrío para el sector Agrioalimentario
luego que el gobierno nacional profundizara la transferencia del control del
sector a los productores que tienen el poder concentrado de la tierra, que encarna
principalmente a través de la Sociedad Rural y que tiene en el propio
Secretario de Agroindustria, Miguel Ángel Etchevehere, como primera controlador.

Esta posición dominante de “los dueños del campo argentino”, se fue
consolidando con el nombramiento de  Etchevehere y desde entonces se viene
produciendo numerosos despidos de trabajadores en áreas esenciales como SENASA
y Agricultura Familiar, con más de 1.000 despidos  desde fines del año pasado y el acelerado
traspaso de funciones a favor de las grandes empresas del sector agro
exportador.  

En esa línea, Claudio Díaz de ATE- Senasa por la provincia de Buenos
Aires explicó que “es la segunda vez en la historia que el ministerio es ocupado
directamente por un miembro activo de la Sociedad Rural y sus acciones se ven a
la vista: 130 despidos en enero, otros 300 en abril y un inmediato avance en la
tercerización de funciones”. 

Sobre ello se explayó Díaz: “el gobierno habilitó la autogestión de
los grandes productores rurales, y ello lo vemos en la caída del presupuesto
oficial. Por caso en el SENASA hay un  aumento en la partida, pero a valores reales
tiene una pronunciada caída que estimamos en casi un 60%.”.

En ese sentido la denuncia gremial fue corroborada por los anuncios hechos
por el Jefe de Gabinete Marcos Peña, a su paso por el Congreso, donde expuso la
presentación del Presupuesto. “Peña anunció allí el recorte de más de 10.000
puestos de trabajo de personal precarizado en los convenios con fundaciones,
universidades, y ONG. En este recorte 750 trabajadores  serán del área de Agroindustria, con la
reducción del  programa ArgenINTA”.  

Para Laura Schweid del  SENASA
de la Capital Federal, la lectura inicial es que “claramente para este gobierno,
como para todos los que se nuclean en la Organización Mundial del Comercio
(OMC), los trabajadores sobramos”.  

La compañera también alertó sobre el cierre de numerosas oficinas que
el organismo tiene en provincias y en zonas de fronteras. Y en esta toma del
SENASA por parte de los grandes terratenientes marcó una diferencia: “no todas
las fundaciones desaparecen de la operatividad de  la Secretaría de Agroindustria, las que hacen
a sus propias políticas públicas, como es el caso de la Fundación Pensar, ganan
espacios de decisión”.  

El cierre para los trabajadores del SENASA fue de Gustavo
Montiveros, de la regional Ezeiza, quién puso en números el recorte
presupuestario: en el 2018 tenemos para ejecutar 4.223 millones de pesos, y para
el 2019 4.937 millones, lo que representa un aumento del 17%, pero teniendo en
cuenta el acelere inflacionario del segundo semestre del año y que vamos a
acabarlo con un 45% de inflación y la no certeza de cuanto será el año que
viene pero de seguro que no es del 23% como se estima, la pérdida real de nuestro
presupuesto la estimamos en el orden de un 60%”.

Montiveros le pone hechos que ya se viven a las consecuencias del
recorte: “en la provincia de Buenos Aires más del 40% de las oficinas del
Senasa  dejaron de tener lugar propio y
pasaron a funcionar en la Sociedad Rural o en Carbap” y agregó que “cuando
decimos que  se apunta a que las propias
empresas  se controles a sí mismo, es eso,
ya tienen a sus  propios empleados y son
ellos mismos quiénes les pagan sus salarios”.

Y el recorte avanza también con la “ventanilla única”  para el Senasa que se habilióa para trámites de
AFIP, Aduana y otros “eliminando así puestos de trabajo y funciones de control”,
dijo.

Por último puso en conocimiento que es intención del gobierno reconstituir
volver a otorgar el control de ingreso de productos al sur de la Fundación de
Barreras Patagónicas (FUNBAPA) que por la lucha de los trabajadores había
dejado de tener el control de policía sanitario para pasar a manos del SENASA.
Al respecto señaló que “hay negociaciones con productores agropecuarios para
que así sea, lo cual es un retroceso porque desde que está a cargo del SENASA
mejoro muchísimo el control, aumento el decomiso de productos en mal estado y
ello es muy importante  para que la
región siga siendo libre de aftosa”.

El siguiente panel lo conformaron trabajadores de la Agricultura
Familiar, que en lo que va del año han sufrido unos 600 despidos de todas las
reparticiones nacionales.

Como primer invitado a participar estuvo Carlos Vicente, de la
organización de apoyo al campesinado GRAIN, quién mostró el grave panorama que
afecta a la tierra cuando esta queda en manos de grandes productores y las
trasnacionales. Vicente sostuvo que hoy los pequeños productores sólo controlan
el 25% de las tierras en el mundo. Este porcentaje también se aplica a la Argentina
 aunque sin embargo destacó que “más del
60% de los productos que consumimos son producidos por el sector de la pequeña
Agricultura Familiar”.  

Como contrapartida ejemplificó que “los terratenientes no producen
para el país. Más de 20 millones de hectáreas nuestras son usadas aquí para
producir para la UE y China, aceites, derivados, alimentos para animales, y
aquí aún persisten millones de argentinos con necesidades”.

Otro dato que dejó es que por año en Argentina  se desforestan en el país 200.000 hectáreas, y
esto representa “una gran destrucción para la economía regional”.

En consonancia con él, el dirigente Nahuel Levaggi  de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)
señaló que en el Congreso se está tratando y con claras intenciones de
aprobarlo una ley de semillas que va contra los intereses de los productores de
la Agricultura Familiar. “Lamentablemente el modelo productivo no forma parte
de los grandes temas de discusión en el país y ello es necesario hacerlo porque
el país produce más que sus propias necesidades y aún así persiste el hambre”,
acotó, antes de subrayar que “todo se va legislando a favor de las multinacionales
y los agro exportadores”, `posición que coincide con los trabajadores del INTA  que dice que este espacio “hoy está copado por
las organizaciones rurales”.

Los delegados de ATE- Agricultura Familiar también señalaron que “mientras
el aumento del dólar favorece a los grandes concentradores del mercado afecta
sistemáticamente a los pequeños productores de la Agricultura Familiar porque
deben pagar todos sus insumos con sus valores dolarizados”.

Respecto a los recortes de `puestos de trabajo en el sector indicaron
que “ello indudablemente perjudicara al pequeño productor porque sin los técnicos
se quedarán sin asistencia”.   

Para la sectorial con el recorte de los puestos de trabajo el gobierno
libera definitivamente el camino a los grandes terratenientes. “En el trabajo
conjunto que hicimos con la economía Rural hemos logrado reducir la cadena de intermediación
mejorando el ingreso de los pequeños productores” y agregaron: “el recorte
presupuestario los devolverá a muchos de ellos a la informalidad, cuando hoy
más del 53% de la mano de obra del sector rural la aporta ellos”.