Acto en la Casa de Tierra del Fuego por la liberación de los dirigentes detenidos

En una nueva
muestra de solidaridad y respaldo para con la ya histórica lucha de los
estatales fueguinos, el Consejo Directivo Nacional de ATE encabezó una movilización
a la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires (Sarmiento 745).

Allí, dirigente
nacional de ATE y oriundo de Tierra del Fuego, Darío Orellano expresó: “Nos
estamos movilizando en repudio al acto represivo y autoritario del Gobierno de
Rosana Bertone, que en el día de ayer a las 4 de la mañana, tal como en la
época nefasta de la dictadura militar, irrumpieron en los hogares de cinco
dirigentes sindicales, rompiendo las puertas, amedrentando a las familias y
golpeando a los padres de algunos de los compañeros. Los esposaron, los tiraron
al piso, los sacaron de sus hogares semidesnudos o con las pocas ropas que
tenían puestas, sin leerles sus derechos y sin explicarles por qué los estaban
deteniendo”.

“A nuestro
entender, lo que el Gobierno provincial está tratando de hacer es amedrentar y
romper la unidad de gremios que se está llevando adelante. Hoy se cumplen 64
días del acampe en Tierra del Fuego alrededor de la Casa de Gobierno. A las 3
de la mañana del día de hoy empezaron a desmantelar el acampe con carros
hidrantes, con las fuerzas policiales, de forma bastante despectiva, impulsiva
y represiva”, enfatizó Orellana, quien agregó: “Venimos a denunciar todo esto y
a reclamar por una mesa de diálogo donde todos los sindicatos se sienten, no de
forma sectaria o separada. Esta es una unión de gremios, y el Gobierno tiene
que entender que lo que hizo el 8 y 9 de enero de este año fue arrebatarnos
derechos que nosotros habíamos conquistado con la lucha: El 82 por ciento
móvil, las pensiones de los compañeros discapacitados y un montón de otras
cuestiones. La Asociación Trabajadores del Estado, a nivel nacional, conducida
por los compañeros Cachorro Godoy y Julio Fuentes, se está poniendo al frente
de este conflicto, porque nosotros creemos que la dignidad no se negocia”.

Por su
parte, el dirigente nacional de ATE, Leo Vaquez afirmó: “La detención de los
compañeros tuvo una violencia que no recuerda a los peores y mas tristes años
de la historia argentina. Este acto deja en evidencia la persecución que vienen
sufriendo los trabajadores de Tierra del Fuego, quienes de forma unitaria han
decidido defender sus derechos y los de su pueblo”.

“Aunque
estemos a miles de kilómetros, los trabajadores de Buenos Aires nos solidarizamos
con los compañeros detenidos. Se trata de un atropello al movimiento obrero, a
la CTA, y es un accionar que debemos repudiar y enfrentar para que no se replique
en todo el territorio nacional”, opinó José “Pepe” Peralta, Secretario Adjunto
de la CTA Capital. 

También
participaron de la actividad Noelia Guzman y Olivia Ruiz del Centro Nacional de
Jubilados y Pensionados de ATE; Rubén "el Pollo" Sobrero, del cuerpo
de delegados del ferrocarril Sarmiento; Christian Castillo, dirigente del PTS; Luis
Tiscornia, secretario general de Conadu Histórica; Claudia Baigorria,
integrante de la mesa nacional de la CTA Autónoma; el ex diputado Jorge
Cardelli; Jorge Adaro, secretario general de ADEMYS; Daniel Rapanelli, secretario
general Suteba Ensenada; y compañeros de juntas internas de ATE Capital
Federal, de ATE provincia de Buenos Aires, del PTS, de Suteba Quilmes, Tigre,
La Matanza y La Plata.

El conflicto

 

La crisis
comenzó en la madrugada del 9 de enero, cuando la Legislatura de Tierra del
Fuego -con el impulso de Rosana Bertone- sancionó un paquete de leyes
antiobreras. La Gobernadora aprovechó la situación de desfinanciamiento en que
se encuentra la obra social provincial IPAUSS para justificar la implementación
de una serie de medidas de ajuste sobre los trabajadores: eliminación del 82
por ciento, elevación de la edad jubilatoria y la aplicación de un gravamen que
alcanzaría hasta el 15 por ciento del salario de estatal. A esto se sumaron al
menos 375 despidos en el sector público. A fin de cuentas, se buscó que las
consecuencias del desmanejo o negligencia de gobiernos anteriores se trasladen
al bolsillo de los trabajadores.