Aguiar propuso que el impuesto a las ganancias “se actualice por IPC hasta su derogación definitiva”

Frente a la nueva actualización del impuesto a las ganancias
que se aplicará a partir de 2021, el secretario adjunto de ATE Nacional,
Rodolfo Aguiar, aseveró que “los trabajadores no deberían pagar ganancias”,
pero que “mientras este tributo ilegal se mantenga vigente, su evolución
debiera regirse por el valor de los precios y no por el aumento de salarios
promedio”.

“A los efectos de no seguir siendo perjudicados, podría
pensarse en una fórmula intermedia y esta tendría que ser como la última
propuesta para las jubilaciones. Si se abandona la idea de una única
actualización anual y se estipulan cálculos trimestrales o al menos por
semestre, la defensa de los ingresos alcanzados y su poder de compra sería
mayor", explicó el gremialista. Los datos del índice de Remuneración
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), el cual funciona como
base para las modificaciones de este gravamen, detallan una evolución del
35,38% con respecto al último año.

De esta forma, los empleados solteros y sin hijos comenzarán
a pagar el gravamen el año que viene a partir del sueldo neto de $74.810 (el
valor vigente es a partir de $55.261) y los casados con dos hijos menores
pasarán de $73.104 como tope mínimo a $98.963. "Hoy enfrentamos la
ridiculez que significa lograr un aumento salarial y pagar más dinero por este
tributo, a partir de la progresividad con la que se aplica la alícuota",
criticó el referente nacional.

Aguiar también cuestionó el índice utilizado como referencia
sosteniendo que “como el Ripte es más bajo que la inflación, si existen  incrementos de haberes por IPC (Índice de
Precios al Consumidor), se termina pagando por ganancias supuestas, que en la
realidad no existen". Al cierre de este año y con las actualizaciones
mensuales de los precios, una familia tipo (dos adultos y dos hijos) necesita
$49.912 para no caer en la pobreza, es decir que apenas 23 mil pesos separan
esta línea y la de Ganancias.

"Estamos frente a un aumento permanente y encubierto de
este gravamen. Si no se elimina o comienza a ajustarse por IPC, se seguirá
achicando la brecha entre el salario mínimo requerido para no ser pobre y el
mínimo para ser alcanzado por el tributo. El gobierno no puede desconocer que
cada vez son cientos de miles más los trabajadores y jubilados perjudicados por
este impuesto. Se tiene que pensar seriamente en su eliminación porque el
trabajo no es ganancia y al menos en el corto plazo, en una reforma
profunda", finalizó el adjunto de ATE. Aproximadamente dos millones de
personas pagaron este impuesto durante 2020.