01.08.2018

Asamblea de trabajadores de Agricultura Familiar provinciales

En La Rioja la situación afecta a unos 1.500 beneficiarios.

En asamblea los trabajadores de la SAF de La Rioja, nucleados en ATE,
manifestaron su preocupación y rechazaron las políticas que perjudican y
vulneran los derechos de miles de familias de Agricultores Familiares en todo
el país.

En un comunicado de prensa los trabajadores señalaron que “en el
contexto actual de recesión, de caída de ventas, dolarización de insumos y
tarifazos, que el ministerio decida formalizar la eliminación del Monotributo
Social Agropecuario (MSA) y poner a los trabajadores de la SAF como ejecutores
de esta política regresiva que afectan a los que menos tienen, es un golpe
mortal a la agricultura familiar con lo que ello implica en la producción de
alimentos accesible para nuestro pueblo”.

Allí argumentaron que “el MSA es una
herramienta de inclusión que se crea en 2009, para garantizar el derecho de las
familias campesinas y de la agricultura familiar de acceder a una obra social y
jubilación. Es un primer paso hacia la formalización del sector; ya que permite
facturar y regularizar la actividad. Más de 100.000 personas se beneficiaron en
todo el país y alrededor de 1500 en La Rioja fueron alcanzados por esta
política que vino a reparar una deuda histórica”.

Asimismo desde esta sectorial de ATE
recordaron que “los agricultores familiares ejercen su actividad productiva en
condiciones muy desfavorables, viven y trabajan en zonas rurales con deficiente
acceso a infraestructura básica (luz, agua, caminos, comunicación). El MSA a
costo cero no sólo los incluye en los sistemas de salud, previsional e
impositivo, también los libera de los trámites frecuentes que en muchos casos no
pueden realizar cerca de donde viven sino que deben llegar a centros urbanos
con altos costos de movilidad”.

Como el Ministerio de agroindustria
a cargo del ex presidente de la Sociedad Rural Etcheverre no quiere asumir el
costo político de dar de baja al Monotributo Social Agropecuario (MSA), obliga
a los productores en forma perversa a renunciar a un derecho adquirido, ya que
de lo contrario “les generará una deuda en AFIP”. Y lo hace en un plazo donde
ni siquiera se llega a informar a los perjudicados: hasta el 10 de agosto “si
no renuncian, empiezan a tener deuda”.

Bajo el eufemismo “actualización de
los datos del Monotributo Social Agropecuario”, el Ministerio de Agroindustria
de la Nación informa que a partir de enero del 2019 dejará de aportar los $268
que corresponden a la obra social (multiplicado por la cantidad de adherentes).
Así, deja disuelto de facto este beneficio (Obra social, jubilaciones e
inclusión impositiva) a costo cero. Esta situación de tener que realizar un
pago todo los meses y en fecha se vuelve inafrontable.

El resultado de esta situación será
la profundización de la informalidad, la pobreza y la marginación de la
población rural dispersa. Y el Estado se “ahorrara” unos 30 millones de pesos
por mes, en el marco del ajuste del gasto público cristalizado en el acuerdo
con el FMI. Pero lo más triste es que en este proceso de ajuste sobre los que
menos tienen el gobierno dejara de cobrar retenciones en este año por 8000
millones de pesos a los que más tienen, un pequeño grupo privilegiados como los
productores sojeros.

Para ATE
“con estas medidas, el Gobierno confirma que no considera a las miles de
familias de agricultores familiares que participan activamente de las economías
regionales como actores productivos y profundiza la subestimación del rol de la
agricultura familiar como actor de la soberanía alimentaria”.

Es por ello
que los trabajadores nucleados en el gremio reclamaron al Ministerio de
Agroindustria de la Nación que “se considere y restablezca el MSA, y exigimos
con la misma firmeza la reincorporación de todos los trabajadores despedidos
del organismo, que no siga el vaciamiento del Estado, y el desfinanciamiento de
la SAF”.

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