ATE advierte al Gobierno y a la Justicia sobre el fallo a jubilados

Los medios de comunicación están informando a la población
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación está por decidir un caso
judicial, que de acuerdo a su resultado, 
podría impactar negativamente en las prestaciones provisionales que
tienen derecho a cobrar miles de jubilados.

El organismo previsional desde la sanción de la ley 24.241
(1994), en el periodo de la convertibilidad y, luego, a partir del 2002 aplicó
mediante distintas resoluciones índices de actualización de las remuneraciones
que limitaban en forma sustancial el cálculo del haber previsional inicial de
los beneficiarios.

Es por ello que la Corte en el fallo “Elliff” (2009)
confirmó una sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en virtud
de la cual determinó que las remuneraciones en actividad de los trabajadores
para el cálculo del haber jubilatorio inicial debían actualizarse conforme el
ISBIC (índice del salario básico de la industria y la construcción) y
descalificó las pautas aplicadas por Anses que no permitían mantener el nivel
de vida de las personas. Esto permitió que miles de jubilados percibieran
reajustes en su haberes razonables, manteniendo una relación con el sueldo en
actividad al momento de jubilarse de alrededor del 60%.

Desde esa fecha todas las sentencias firmes se cumplieron
con la aplicación del citado índice, por otra parte, Anses no apeló durante
casi ocho años a la Corte y consintió el fallo y la aplicación del índice
confirmado en ELLIFF.

En 2016 se sanciona la llamada “Ley de Reparación Histórica”
que introdujo el índice del RIPTE que es el menos beneficioso para actualización
de los haberes y pretende, no solo usarlo para el cálculo de los haberes de los
jubilados que desisten de cualquier reclamo, sino en los casos.

A partir de ese momento Anses dictó resoluciones reglamentarias
en virtud de las cuales el citado índice se aplica no solo a los que
desistieron de los juicios sino que pretende se extienda a todos los jubilados
con juicios, pendientes de sentencia firme.

Es así, que empezó a presentar recursos contra las sentencias
de Cámara, que aplicaban el fallo “Elliff”, para que la Corte revisara su
criterio y aplicar el índice dispuesto por Anses.

Si esto ocurriera la casi totalidad de los miles de
jubilados con juicio o que los pretendan reclamar perderían entre un 40 o 50%
de reajuste de su haber jubilatorio y, en la misma proporción, las diferencias
adeudadas.

Desde el punto de vista jurídico constitucional no hay duda
que la Corte tendría que confirmar la sentencia apelada por ANSES y lo que ya
dijo en el fallo “Elliff”.

En caso contrario, aparte de generar una gran incertidumbre
e inseguridad jurídica, estaría vulnerando principios constitucionales y
convencionales que prohíben la regresividad en materia de derechos sociales.

Pero estamos asistiendo a una presión nacional e
internacional muy grande. No solo el Poder Ejecutivo sino también el FMI, que
es quién dicta la política económica y social de nuestro país, pretenden
alcanzar el déficit cero y el ajuste presupuestario con los gastos de la seguridad
social y los salarios de los trabajadores.

En cumplimiento de esa política primero se dictó en 2016 la
ley de Reparación Histórica que introdujo el RIPTE, luego la reforma
previsional, en los últimos días de 2017, que desconoció la movilidad de la ley
26417 y ajustó la movilidad a la baja.

La reunión del Presidente y dos de sus ministros con dos
jueces de la Corte, publicitada por todos los medios de comunicación como el
ámbito donde el gobierno iba a tratar de convencerlos de la necesidad de hacer
lugar al reclamo de Anses, se concretó esta semana. Nadie desmintió que se
tratara el tema en el almuerzo, en este caso a las espaldas de los jubilados.
El accionar del Poder Ejecutivo pone a la luz una forma actuación obscena, en
donde los derechos de las personas más humildes son materia de negociación e
intercambio.

La Asociación de Trabajadores del Estado denuncia esta grave
situación que se expresa en el accionar permanente del Ejecutivo a través de
una forma de gobierno de excepción, “fuera del derecho” y del orden
constitucional y reclama de la Justicia el cumplimiento de sus funciones en
forma independiente e imparcial, tutelando los derechos de los ciudadanos y no
las recomendaciones de un gobierno sujeto a los organismos financieros
internacionales.  

Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE