ATE calificó como “insuficiente” el anuncio salarial y exige la paritaria provincial
El sueldo promedio de la/os trabajadora/es estatales provinciales no llega a los 28.000 pesos, cuando la canasta familiar ya superó los 54.000 pesos.
La ATE Corrientes, calificó como “arbitraria e
insuficiente” la imposición de actualización salarial del 10% para estatales
provinciales anunciado por el Gobierno de Corrientes; frente a una “inflación
anual del 42% para la región NEA durante el 2020 y con subas de precios del 4%
mensual en lo que va de 2021”, compara el documento.
El secretario general del CDP, Feliciano Romero señaló
que el anuncio es “una burla” puesto que “ese 10% ya fue consumido por la
escalada de precios en la canasta alimentaria durante los últimos meses del año
pasado y los primeros meses de este año”. Además, los estatales acumulan “más
de 45 puntos de pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación
descontrolada de los últimos 4 años”.
Romero también comparó que el sueldo promedio de
trabajadores y trabajadoras estatales provinciales “no llega a los 28.000 pesos cuando la canasta familiar ya superó los 54.000 pesos”.
El titular del CDP también cuestionó la metodología de
la asignación de la actualización: “unilateral y arbitraria. Desde el 2010 que
estamos reclamando que se instrumente la Ley de Convenio Colectivo de Trabajo
N°6.033 (Paritaria Provincial), que está vigente. Exigimos que se la ponga en
práctica porque es un derecho de los trabajadores”, señaló.
Asimismo reiteró la preocupación por el alto número de
trabajadores y trabajadoras en estado de precariedad laboral dentro del Estado:
“más de 15.000 agentes hace muchos años están bajo formas precarias de contratación.
El 22% de los estatales provinciales están bajo figuras como contratos
temporarios, becas, monotributistas. En áreas como Salud y Desarrollo Social
los precarizados representan el 42% de la planta de personal”, detalló.
Romero señaló que es necesaria la Paritaria Provincial
y el Convenio Colectivo “para discutir un plan de regularización laboral para
los precarizados, convocatoria a concursos de ascensos y para cubrir cargos
jerárquicos”, entre otros derechos de los estatales provinciales.
“Es una burla asignarle 10% a los trabajadores y
trabajadoras de Salud Pública que están en la primera línea de batalla frente a
la pandemia y el 37,8% de ellos -más de 4.400 personas- están precarizados;
con salarios de miseria, sin ART, sin Seguro de Vida, sin Aportes Jubilatorios,
sin Obra Social; con traslados y despidos arbitrarios por falta de
estabilidad”, remarcó finalmente respecto al rechazo del aumento otorgado.