ATE denunció violencia policial en todo el país durante la cuarentena

ATE Nacional envió una nota formal a la Ministra de
Seguridad de la Nación Sabina Frederic, a la Ministra de Justicia y Derechos
Humanos Marcela Losardo, y al Secretario de Derechos Humanos Horacio
Pietragalla, con el objetivo de denunciar y visibilizar el gran incremento de hechos
de violencia policial y de otras fuerzas de seguridad en todo el país durante
la pandemia, con características arbitrarias y abusivas. Al mismo tiempo, ATE
se puso a disposición de lxs funcionarixs para entablar un camino de diálogo
que busque terminar con estos abusos de autoridad.

A continuación, el texto de la nota:

“Desde el inicio de la cuarentena, en gran parte de nuestras
provincias se han registrado e incrementado gravísimos hechos de violencia
policial y otras fuerzas; aunque no cuenten con la promoción o un aval
explícito – del uso irracional de la fuerza – de una Ministra de Seguridad o de
un Presidente, como lo fue en la gestión macrista”.

“Fuerzas de seguridad, esenciales y sin cuarentena, que
parecen haberse exacerbado con las medidas de control y “cuidado” reforzando el
sesgo de clase y racista con el objetivo de asegurar “el cumplimiento” de las
medidas de aislamiento. Fuerzas con una organización y funcionamiento
anacrónicos, desde recuperada la democracia”.

“Florencia Morales fue hallada ahorcada en la Comisaría 25º
de Santa Rosa de Conlara de San Luis, horas después de haber sido detenida por
andar en bicicleta y no contar con su DNI. Policías de la comisaría de
Monteagudo de Tucumán, participaron de un operativo irregular para impedir que
se realice una carrera de caballos. Asesinaron a Luis Espinoza y ocultaron el
cuerpo para encubrir el crimen, que a la semana aparece en Catamarca. En
Fontana-Chaco policías de la provincia irrumpieron, varios de ellos sin
uniforme, en la vivienda de una familia qom, golpeando a adultxs, jóvenes y
niñxs, sin orden de allanamiento. De acuerdo lo denunciado ya en la Comisaría
3era., lxs jóvenes, entre ellxs dos mujeres, una menor de edad, fueron
encerradxs en una pieza donde lxs torturaron y amenazaron con prenderlxs fuego,
abusando y agrediendo sexualmente a ambas mujeres. En la provincia de Buenos
Aires, Facundo Astudillo Castro desaparecido desde el 30 de abril. Salió de su
casa en Pedro Luro con destino a Bahía Blanca, testigos declararon haberlo
visto ese mismo día, cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor
Buratovich. El viernes pasado Lucas Nahuel Verón, en el día de su cumpleaños,
agentes de la policía bonaerense lo persiguieron y fusilaron en La Matanza. Y
en pocas diferencia de horas, muere en Chascomús Raúl Dávila por un incendio en
la celda de la comisaría local, estaba detenido por resistencia a la autoridad.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que en la provincia de Buenos
Aires, en el mes de junio se produjeron 18 muertxs por uso de la fuerza – una
persona cada 40 horas -, siendo la mayoría: varones, jóvenes y pobres”.

“Si bien ante ésta y/u otras situaciones de violencia
policial/estatal, los poderes ejecutivos definieron distintas políticas de
intervención, desde acompañar a las familias, repudiar las situaciones, separar
a lxs agentes sospechadxs y hasta constituirse como querellantes; no alcanza, y
la violencia policial debe detenerse ya”.

“En esos y otros hechos que se han conocido tuvieron
participación de policías federales, provinciales, locales, gendarmería y
servicios penitenciarios; visibilizando una vez más prácticas de
características arbitrarias y abusivas con un alto nivel de violencia estatal.
Hostigamiento, detenciones no registradas, procedimientos con personal de
civil, allanamientos violentos e irregulares, malos tratos, torturas, muertes
de detenidxs en comisarías, asesinatos, desapariciones; prácticas todas, que
configuran gravísimas violaciones a los derechos humanos”.

“Es necesario y urgente superar por parte del/los ejecutivos
las intervenciones particulares, y asumir que se torna imperante una reforma
estructural en las policías. En ese sentido, cobra relevancia en éste momento
el de asumir ese compromiso político, federal y de manera prioritaria, trazando
una agenda de trabajo valiéndose además del aporte, experiencias y
conocimientos de organizaciones y organismos de derechos humanos vinculados a
la temática”.

“Reafirmamos nuestro rechazo a la violencia policial/estatal
y condena a la violación de los derechos humanos y exigimos justicia e
investigaciones rigurosas y efectivas para cada uno de los hechos denunciados”.