ATE en alerta por recortes presupuestarios

Luego que el gobierno provincial
anunciara que ya empezó a instrumentarse el último decreto del mes de mayo,
sobre reasignación y recortes de recursos del Estado, ATE- Corrientes pidió una
audiencia con el gobierno para que se le den más especificaciones sobre donde
se ejecutarán esas medidas.

El decreto especifica
un recorte general del 20% en partidas presupuestarias, de modo que muchas
áreas sufrirán una quita o la reasignación de gastos previstos. En ese sentido
el CDP hizo foco en el área de la Salud pública y en los insumos hospitalarios
que muchos denuncian formarán parte de los recortes previstos.

Puntualmente el área de
Salud, que se toma como ejemplo, se ve jaqueada no solamente por el impacto que
habrá sobre insumos sino también, refleja ATE, es que se trata de un área donde
casi el 40% de sus trabajadores, ya sea administrativos o enfermeros son
precarizados.

Esta es la segunda vez
que en menos de un mes ATE realiza un pronunciamiento sobre la situación
general del área de Salud. La otra fue un alerta sobre posibles recortes
de programadas nacionales dirigidos a los municipios, que básicamente afectan
el funcionamiento de los centros primarios de Salud.

Además de este giro
presupuestario del gobierno, el gremio en esta propia incertidumbre laboral pide
que se dejen de lado las decisiones unilaterales y se atienda la situación
general del trabajador a través de las relaciones conveniales.

En ello se pone en juego
no sólo la situación del trabajador de la planta permanente sino también la de
los contratados que en números supera los 15.000 trabajadores, muchos con más
de 20 años de servicio en esa condición, o con salarios, como sucede con becarios
del Ministerio de Desarrollo Social que perciben en promedio 5.500 pesos.  

Esquina

La conducción
provincial de ATE mantuvo una reunión con funcionarios de la Municipalidad de Esquina,
en donde se alcanzó el compromiso comunal de garantizar la continuidad laboral
de los trabajadores alcanzados por el conflicto laboral ocurrido por la suspensión
judicial de una resolución local  que en
la gestión anterior otorgó el pase a planta permanente de más de 300
contratados.