ATE fijó su postura contra un proyecto ajeno y ambiguo

Los sindicalistas explicaron que el proyecto no contempla los derechos adquiridos de los trabajadores, ni respeta sus actuales funciones ni el mecanismo de ingreso y promoción por concurso. Según comentaron los representantes gremiales, tampoco es claro en fijar mecanismos de control adecuados, dejando abierta la posibilidad a manejos "pocos transparentes" del futuro ente. También consideran que es escaso el financiamiento que se prevé para el funcionamiento de la agencia.

Los trabajadores explicaron que no se oponen a que se cree un nuevo ente autárquico, es más lo consideran una herramienta ágil e idónea para mejorar la recaudación del Estado provincial, pero siempre y cuando quede bien establecido el respeto de los
derechos laborales adquiridos y que sea férreamente vigilado por los organismos de control del Estado, como el Tribunal de Cuentas, la Tesorería General de la Provincia e incluso la Legislatura.

Estos pareceres, que incluyeron propuestas, fueron puestos a consideración en una audiencia que se realizó durante la mañana de este jueves 22 de noviembre, por los representantes gremiales ante miembros de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto del Gobierno.

 

Muchas ambigüedades

La Secretaria General de ATE y los delegados enfatizaron que el proyecto tiene "muchas ambigüedades" que dejan la puerta abierta a vulnerar los derechos adquiridos de los trabajadores de Rentas, como así también a permitir el manejo "poco transparente" del futuro ente.

Además, explicaron que el proyecto de ley permitiría el ingreso de personal a la futura agencia por la modalidad de contrato de locación, ignorando la ley 7079 que establece el ingreso y promoción de cargos en el Estado por concurso. Según detallaron, tampoco contempla el respeto de las funciones de los actuales agentes de Rentas cuando sean trasladados al organismo.

Los representantes sindicales temen que una vez creada la agencia, sus autoridades empiecen a contratar personal y se conforme una superestructura que ignore a los actuales empleados de planta de Rentas. "Eso fue lo que ocurrió en la Provincia de Buenos Aires con la famosa ARBA", detalló Raquel Blas, al contar la experiencia transmitida por agentes de carrera bonaerenses que fueron invitados por ATE para transmitir su experiencia.

En este aspecto, los compañeros señalaron que el proyecto de ley debe incluir taxativamente que en un plazo de no más de 30 días corridos de entrada en vigencia de la ley. El Ejecutivo debe conformar una comisión paritaria para la elaboración de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), que debe estar terminado no más allá de 180 días vencido el plazo anterior.

Así las cosas, en dicho ámbito paritario deberían quedar claros la estabilidad laboral del personal, el respeto de sus funciones, el eventual ingreso de nuevo personal por el mecanismo de concurso y el respeto del Adicional Fondo Estímulo, Ley 4404, que se vería mermado con la nueva norma.

 

No participamos del proyecto oficial

Por otro lado, Raquel Blas fue enfática al señalar que su sindicato no participó en la elaboración del proyecto del Gobierno.

"Señalo esto porque a través de algunos medios las autoridades indicaron que el proyecto contaba con el consenso de los trabajadores. No fue así en el caso de ATE. Es más en el ámbito de la subparitaria de Rentas pedimos a los miembros del Gobierno en reiteradas ocasiones discutir el tema y no recibimos nunca una respuesta. Lo digo porque no queremos que nos metan en algo en lo que no participamos", aclaró la titular de ATE.

 

Férreos controles

Tanto Raquel Blas como los delegaos coincidieron en señalar que la nueva agencia debe estar sometida a "férreos controles" por parte de los organismos del Estado como el Tribunal de Cuentas, Tesorería General de la Provincia, el propio Ministerio de Hacienda y la Legislatura.

"En el proyecto no está claro quiénes deberán ejercer los mecanismos de control del ente", explicó la gremialista, quien teme un manejo arbitrario del mismo, al constituirse en un órgano libre de las revisiones que habitualmente reciben todas las reparticiones estatales.

En este sentido, los delegados de Rentas propusieron que la agencia tenga la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas, que el Ministerio de Hacienda haga auditorías contables mensuales a través de la Contaduría General de la provincia y que la Tesorería General controle, verifique los pagos y depósitos de los contribuyentes.

La idea es que permanentemente se crucen los datos los diferentes entes, vía los sistemas informáticos oficiales como el SIDICO, a los efectos de evitar falencias en la recaudación o pérdidas de dinero por eventuales errores.

Otro aspecto que haría a un manejo más transparente de la agencia es que Hacienda informe trimestralmente su gestión económico-financiera a la Legislatura, para su consideración y aprobación.

 

Directores del personal

La ley contempla que en el directorio de la agencia haya 2 directores por el personal. Desde ATE se pretende que haya 3 que se elijan por el voto directo de los trabajadores: 2 por la mayoría y el restante por la minoría.

En esta línea, Raquel Blas consideró que los mismos deben seguir cobrando su remuneración habitual. "A lo sumo deberían cobrar una mayor dedicación si ese trabajo les insumiría más horas pero no deben cobrar como patrones porque el trabajador que cobra como patrón se olvida del trabajador", subrayó.

 

Más financiamiento

Por último, los trabajadores señalaron que no están de acuerdo con el porcentaje de financiamiento que la ley prevé para el funcionamiento de la futura agencia.

"Consideramos que el porcentaje del 3,50% (relación gastos/ingresos tributarios) es insuficiente", dijeron. Luego, los representantes gremiales explicaron que actualmente Rentas funciona con el 3,44%, cifra que no alcanza ni para los gastos básicos de financiamiento.

"Ese porcentaje no contempla la futura inflación en bienes y servicios, ni incrementos salariales y mucho menos que durante los dos primeros años de funcionamiento de la agencia de dicha cifra deberá destinarse un 0,25% para la construcción edilicia de la futura agencia", señalaron los compañeros.

 

Prensa ATE Mendoza/ 27-11-2012