ATE pide la normalización de la sede riojana del Ministerio de Desarrollo

La Agrupación Felipe Varela de la ATE riojana, junto a las y los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social pertenecientes a la Dirección de Centros de Referencia. SENAF, ANDIS y Secretaria de Economía Social, expresamos nuestra preocupación por la situación del organismo y señalaron que “el Ministerio de Desarrollo Social delegación La Rioja se encuentra acéfalo”.

A través de un documento explicaron que “fuimos desalojados/as de nuestro espacio físico de trabajo. Hemos llegado a esta grave situación luego de aproximadamente más de un año, en el cual venimos informando a nuestra dirección y demás órganos superiores sobre la irregularidad en el pago del alquiler del inmueble que ocupábamos, situación que nunca se subsano, impidiéndonos hoy tener un lugar donde desarrollar nuestras tareas y poder brindar el asesoramiento”.

Asimismo, y a la par de los reclamos por falta de Alquileres, la Agrupación agregó que “fuimos buscando otros inmuebles potenciales para un eventual traslado. Esto representa un gran desafío debido a la cantidad de requisitos irregulares exigidos por el Ministerio nacional, ya que no se respeta la normativa legal vigente para locaciones (por no pagar mes de depósito ni de adelanto y pagar a mes diferido).  En todo momento pusimos en conocimiento a las autoridades superiores la situación que atraviesa nuestra delegación y sus posibles consecuencias, que lamentablemente hoy se expresan en el desalojo”.

Es por ello que desde ATE hacen un llamando a las autoridades nacionales “para abrir una mesa de coordinación que nos permita garantizar efectivamente y sin demoras la pronta normalidad de nuestro área de trabajo, ya que la realidad que atraviesa nuestra delegación genera un grave e irreparable daño a nuestros derechos de trabajadora/es, a nuestra familias y a toda la comunidad de La Rioja, que se verá afectada por no poder acceder a las diferentes herramientas que brindamos y el correspondiente acceso a las políticas públicas que buscan garantizar su derecho”.