ATE pidió la inconstitucionalidad de la Reforma Jubilatoria de Schiaretti
La reforma va contra el principio de progresividad que está en la Convención de los Derechos Sociales y Políticos del año 1968.
La
ATE Córdoba pidió la inconstitucionalidad sobre la totalidad de la norma
aprobada por la Legislatura Provincial el 20 de mayo pasado quedó presentado al
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. El máximo órgano del Poder Judicial
provincial ha admitido el pedido que pasará a fase de estudio hasta que
dictamine al respecto.
El
“cordobesismo” ha vuelto inviable el sistema previsional cordobés al decidir no
tocar a los grandes grupos económicos ni a los sectores más ricos de la
sociedad para sostener la política previsional provincial y hacer caer todo el
peso sobre los hombros de las y los trabajadores. Si bien el camino emprendido
contra la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba no es nuevo, la
afrenta de la Reforma Previsional sancionada entre gallos y medianoche por el
oficialismo provincial vía teleconferencia el pasado 20 de mayo es un punto
además de ilegítimo e inconsulto, totalmente inconstitucional como lo denota la
acción emprendida por el equipo jurídico de Asociación Trabajadores del Estado
(ATE) Córdoba por intermedio del Dr. Eugenio Biafore.
“La
primera afrenta que iniciamos es contra el principio de progresividad que está
en la Convención de los Derechos Sociales y Políticos de 1968 y que es una
pieza fundamental del andamiaje jurídico internacional, con valor
Constitucional en el Artículo 75”, explicó Biafore. Según el letrado, ello
implica que ninguna Ley de menor rango que la Constitución puede atentar contra
ella.
“Luego
hemos atacado aspectos puntuales: Tal es el caso del Articulo 35 que limita la
jubilación máxima en $102.000 para quienes sumen esa cifra entre dos
jubilaciones, una jubilación y una pensión o alguna de ellas y un trabajo activo.
Eso es directamente un latrocinio. Decidieron sacar con una Ley, parte de lo
que ya correspondía a estos jubilados, sin buscar otras alternativas”, detalló
Biafore.
“Por
otro lado –continuó el abogado de ATE- hemos atacado el punto concerniente al cambio
del promedio como se calcula el haber jubilatorio que ahora se hace sobre los
últimos diez años, no sobre los últimos cuatro. Esto puede implicar la pérdida
del esfuerzo que muchos trabajadores han hecho en estos últimos tiempos para
tener mejores salarios una vez jubilados”, expresó.
Por
otro lado, desde ATE Córdoba, advertimos también que no puede establecerse una
justificación meramente coyuntural como la del Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio respecto a un déficit que el mismo Gobierno Provincial ha
construido a lo largo de los años y que una y otra vez han negociado con los
gobiernos de turno para su mantenimiento, financiación, para extraer sus
fondos. El problema, entonces, es del sistema que han creado: y ahora pretenden
hacerse los distraídos y poner las culpas afuera. Es como si uno le echara la
culpa al proveedor de agua cuando se le inunda la casa porque dejó la bañera
tapada y con la canilla abierta.
Desde
ATE Córdoba celebramos cuando todas las Cajas Provinciales se nacionalizaron
con la nefasta Ley 24.241 (de las AFJP) y Córdoba no lo hizo. En aquel entonces
la nacionalización significaba la privatización de los aportes jubilatorios, el
ingreso del sistema de reparto privado. Ese era el esquema neoliberal. Mantener
la Caja, EPEC, el Banco, era algo relevante para los trabajadores. Sin embargo,
a partir de este hito, vinieron todas las posteriores «armonizaciones» que han
sido siempre de espaldas a la gente lo que nos da a pensar que si no fueran
ajustes bestiales no lo harían siempre entre gallos y medianoche, cuando la
gente no puede salir a manifestarse como es en este caso. Ello marca la
profunda vocación antidemocrática que tiene el gobierno neoliberal de Juan
Schiaretti.
El
Gobernador y sus legisladores decidieron repartir el ajuste entre los que menos
tienen y no obligar a que los que más pueden aportar lo hagan: de esta forma la
distribución de los costos fiscales de estos derechos se amplían a la mayor
cantidad de capas sociales, con un esquema totalmente regresivo que no toca
verdaderamente a los ricos sino que equipara todo hacia abajo.