ATE presentó reclamo de APDH contra el archivo de las causas por vejaciones

En conferencia de prensa llevada adelante en las puertas del
Ministerio Público Fiscal de Río Negro en Viedma, la Asociación Trabajadores
del Estado (ATE) de Río Negro –junto a otras organizaciones sociales- presentó
un documento elaborado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) que cuestiona con dureza la resolución adoptada por la Justicia
Rionegrina de archivar las causas “Capretti Aldo Enrique c/ NN s/ Vejaciones” y
“Aguiar Rodolfo Ariel c/ NN s/ Vejaciones”, que tramitan ante las Unidades
Fiscales Temáticas 3 y 5 de Viedma, respectivamente.

“Presentamos un escrito de la APDH cuestionando el archivo
de las causas. La Justicia desestima las denuncias porque naturaliza que las
personas sean buscadas y arrestadas de forma irregular,  como sucedió con Aguiar y Capretti”,
manifestó Nelly Costa, referente de ATE y CTA Río Negro y agregó: “La Justicia
nos está diciendo que no es tan importante cumplir la ley a la hora de detener
a ciudadanos. En el marco de la criminalización de la protesta social, de la
militarización de la Patagonia y en el contexto de un nuevo desaparecido, como
es Santiago Maldonado, esto es sumamente preocupante y el pueblo debe salir a
defender los derechos y garantías democráticas, que tanto nos han costado
conseguir.”

Es que, tal como sostienen las presentaciones realizadas, en
la detención de Aldo Capretti se utilizaron falsos artilugios para obligarlo a
salir de su domicilio. Tampoco se expresó 
la causa de su detención, no se exhibió orden de detención alguna, faltó
la identificación del personal policial actuante, hubo personal policial
vestido de civil y amenazas, entre otras irregularidades.

En tanto que en el caso de Rodolfo Aguiar hubo personal de
seguridad encapuchado, se lo amenazó y sometió a tratos desmoralizantes
innecesarios.

Se cuestiona que la Justicia Rionegrina apruebe acciones
completamente ilegales para detener a ciudadanos

En su documento, la Presidenta Nacional de la APDH, Norma
Ríos sostiene que “estas conductas no pueden más que ser interpretadas como una
acción tendiente a amedrentar a quienes constituyen en víctima y transforman en
ilegal cualquier detención, aun cuando haya existido orden judicial que la
disponga”.

A la gravedad de los hechos descriptos debe sumarse que las
víctimas de estas actuaciones policiales no son civiles comunes, sino
dirigentes sindicales, que días antes habían protagonizado una manifestación en
desacuerdo al Plan Castello y que terminó en una feroz represión por parte las
fuerzas policiales.

Por otro lado, apenas unas semanas antes,  la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE), había presentado una denuncia por persecución política ante una Comisión
de la Organización de Naciones Unidas (ONU)

“Por las características de las detenciones se trata de
privaciones ilegales de la libertad como medio comisivo de una persecución
política a quienes representan a las organizaciones de la sociedad civil, en
tanto las mismas se manifiestan en oposición a las políticas de Gobierno”,
señala Ríos en su escrito y completa: “La decisión de archivo de la causa en la
que se investiga los hechos denunciados por estos dirigentes sindicales, es no
es más que la Administración de Justicia en un papel de cómplice de los
atropellos a los derechos humanos. Complicidad intolerable y que debe ser
revertida esclareciendo la verdad y persiguiendo a los culpables”.