14.03.2022

ATE rechaza anuncio salarial a la baja del Gobierno de Corrientes y define medidas de acción directa

ATE también denuncia que hay más de 16.000 personas, el 22% de la planta de personal, que padecen inestabilidad y precariedad laboral dentro del Estado.

Desde la ATE Corrientes rechazaron el aumento definido por el gobierno provincial y denunciaron que “con todos los anuncios de actualización que hizo el Ejecutivo Provincial, un estatal cobrará en marzo 36.349 pesos, menos de la mitad de los 74.000 pesos que se necesita para cubrir una canasta básica mensual”.

Mientras define las medidas de acción que se van a implementar el CDP enfatizó que “en bolsillo, la actualización es más baja que los nuevos aumentos de luz y de agua autorizados por el Gobierno Provincial. Los servicios consumen más del 50% de un salario estatal. Hay más de 16.000 personas, el 22% de la planta de personal, que padecen inestabilidad y precariedad laboral dentro del Estado. ATE Corrientes está realizando consulta a sus bases y delegaciones para definir medidas de acción directa”.

El Secretario General de la ATE Corrientes, Feliciano “Chano” Romero, remarcó la disconformidad del sindicato y el malestar de los agentes estatales con el anuncio unilateral de actualización salarial que realizó el Gobierno de Corrientes.

“No estamos conformes. Esto no es una recomposición salarial. Anunciaron mejoras solo al plus y a las asignaciones familiares, como escolaridad. Pero no hay aumento en el salario básico. Y es alarmante que no haya un debate formal en el marco de Paritarias, como hay en otras provincias o a nivel nacional”, definió Feliciano Romero.

Detalló también que “incluidos todos los anuncios que hizo el Ejecutivo Provincial: 3.000 pesos para el plus, 15% para la Asignación de Clase, 130 pesos para el código 169,  un trabajador de la administración pública provincial, Clase 2 que son la gran mayoría; va a cobrar en marzo 36.349 pesos”. “Es menos de la mitad de los 74.000 pesos que necesita una familia para cubrir la canasta básica mensual”, comparó Romero

El dirigente Romero ejemplificó que “los nuevos aumentos de luz y de agua, autorizados por el Ejecutivo Provincial, se están comiendo la actualización que anunciaron. Una boleta de luz está arriba de los 12.000 pesos y el agua 3.000 pesos por mes, casi la mitad de un salario estatal”. A eso hay, dijo que debe agregarse que “la obra social IOSCOR no funciona, por lo que el trabajador debe pagar de su bolsillo por las prestaciones médicas”.   

El titular del CDP volvió a demandar un plan de regularización laboral y recategorización para los trabajadores y las trabajadoras estatales provinciales porque “más de 16.000 personas padecen inestabilidad y precariedad laboral” dentro del Estado; mayoritariamente en áreas como “Salud, Educación y Desarrollo Social”.

“El 22% de la planta de personal del Gobierno de Corrientes padece precarización laboral y la mayoría de ellas son mujeres con más de 10 años que trabajan como becarias, contratos basura, tercerizadas con salarios por debajo de la línea de indigencia”, explicó “Chano” Romero.

También recordó que áreas como Salud Pública y Desarrollo Social, son los que “tuvieron y tienen participación activa en la ayuda a los sectores sociales más vulnerables. Y en el caso de los agentes sanitarios, trabajan sin licencia, vacaciones ni descansos a veces desde hace dos años por la Pandemia”.

Romero señaló que “no nos vamos a cansar de exigir la implementación de la Ley Provincial N°6.033 de Paritaria, que está aprobada desde 2010 pero no la instrumentan. Por eso hay anuncios unilaterales, salarios a la baja y cercanos a la línea de indigencia”.

Por último informó que ATE está realizando consulta con sus bases y delegaciones sindicales en toda la Provincia para definir medidas de acción directa para sostener las demandas de aumentos en blanco por encima de la inflación, haberes arriba de la línea de pobreza, regularización laboral de los estatales precarizados, recategorización para los agentes estables, funcionamiento de la obra social, tarifa diferencial para los agentes públicos, entre otros puntos.

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