ATE rechazó el nuevo proyecto de Protección de Derechos de Niño/as y Adolescente

La ATE- Mendoza rechazó el pl proyecto
de ley que impulsó el Gobierno provincial, que ya tiene sanción legislativa y
sólo resta su promulgación, el cual para la organización gremial intenta violar
abiertamente el derecho a la participación, porque no existe un sólo espacio de
protagonismo de niños, niñas y adolescentes. 

Para el CDP “el Estado tampoco se
muestra como garante, porque vuelve a responsabilizar y sancionar a las
familias. Pero él no tiene sanción alguna, cuando en realidad sí le corresponde”.

La reciente sanción legislativa no
supera las falencias existentes, ni las normativas nacional y provincial que ya
teníamos. Por tanto, este proyecto de ley aprobado no es más que el desguace de
DINAF, junto con el desentendimiento y ausencia del Estado en problemáticas de
Niñez.

Entre los fundamentos para este
rechazo la ATE menciona los siguientes artículos:

En el artículo 8, tendríamos que saber
cuál es el monto actual, ya que tiene que ver con el presupuesto asignado a
Niñez, pero no lo sabemos. Es conveniente colocar un presupuesto determinado,
conociendo previamente el presupuesto general provincial, para saber cuánto le
corresponde concretamente.

Actualmente, con la muerte del niño y
la corresponsabilidad de la nueva ley, se expresa sanción para el cumplimiento
de los padres y no del Estado. Esto deja claro que en esta normativa el Estado
es subsidiariamente responsable. Y suele ser el mayor violador de derechos de
niños. Cuando tenemos el deceso de un niño, no se puede culpar a las familias o
a los trabajadores de OALes, es el Estado que mantuvo ciertas metodologías de
trabajo, pese a los constantes reclamos que venimos manifestando desde hace 3
años.

El Ministerio de Seguridad no puede
intervenir ante las denuncias efectuadas al 102. Es una aberración, porque la
Policía no tiene las competencias necesarias y es perjudicial para los niños,
ser atendidos por fuerzas de seguridad en lugar de equipos especializados de
profesionales y administrativos de OALes.

En cuanto al artículo 15, referido a
los convenios con los municipios, el proyecto no deja nada claro. No se sabe
qué organizaciones van a intervenir. Habría que ampliar la posibilidad de
convenios y esto no se ha hecho en 3 años, ni se va a hacer, porque la ley
posee una tendencia a establecer totalmente lo contrario.

En relación a la Dirección de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, debería proteger los derechos de los
mismos. Pero es un debate ideológico que evidentemente, el Gobierno no va a dar.

Por otro lado, habría que agregar
funciones que impulsen la elaboración de protocolos de actualización y
actuación interinstitucional. Pero no las nombra, no configura un proyecto
específico, ni toma los conocimientos de los trabajadores. Son 3 ó 4 abogados
que discuten esto, lo llevan a las cámaras legislativas y se sanciona,
desconociendo por completo la realidad.

Continúan con la idea de desarmar los
equipos de trabajo en los OALes, para crear los ETI (Equipos Técnicos
Interdisciplinarios). Pero cuando hablan de su conformación, mencionan los
títulos de Minoridad y Familia, los cuales ya no existen, porque el trabajo
debe ser versado en Niñez, Adolescencia y Familia. Nosotros como sindicato
agregamos Discapacidad, porque también nos parece importante.

En el artículo 36 habla de la creación
del Consejo Provincial Niñez, Adolescencia y Familia, pero entendemos que este
organismo tendría que tener cierto grado de autonomía respecto de la
Subsecretaría de Desarrollo Social. No lo tiene porque quieren controlar las
políticas.

Definitivamente, la flamante ley es un
sistema de control y no de derechos. Al igual que lo es el Código
Contravencional y las leyes que van en contra de los derechos de los empleados
estatales, como la modificación de la ley 560. Sin dudas, son normativas que se
corresponden con la ideología neoliberal del Gobierno, que dirige sus políticas
a una clara ausencia del Estado.

Cuando menciona la figura del
Defensor, le da la potestad a la Bicameral de Niñez, la cual no puede jamás
tener potestad sobre esto. Es un proyecto de reestructuración de DINAF. Se
debería llamar así y no ley. Porque continúa sosteniendo todos los aspectos
vinculados al paradigma de situación irregular.