ATE rechazó la media sanción del Senado provincial a la ley de ART
Reclama un sistema que funcione como banco público nacional -sin fines de lucro- que otorgue garantías para auxiliar a accidentados/as y enfermos/as.
El Senado de la provincia de Santa Fe
dio media sanción al proyecto de ley para adherir a la ley nacional de ART, que
fue modificada en febrero de 2017 por el Congreso de la Nación.
Si bien fue con algunas diferencias
respecto de la norma nacional y ahora resta que sea tratada por la Cámara de
Diputados/as, desde ATE- Rosario rechazaron esta legislación, que beneficia a
las patronales en perjuicio de la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
“Tal como lo hizo con el Pacto Fiscal,
que puso el peso del ajuste sobre las espaldas de las mayorías populares, vemos
que la provincia de Santa Fe, esta vez por medio de sus órganos legislativos,
se alinea con las políticas del gobierno nacional, de claro corte neoliberal y
que atentan contra los derechos fundamentales de quienes vivimos de nuestro
trabajo. En este caso, es un claro ataque al derecho a la salud, a la justa
indemnización ante un accidente laboral y a litigar si se considera necesario”,
expresa un comunicado de la Seccional, sobre esta decisión que se toma aún
cuando existen medidas preventivas que no se aplican correcta y eficazmente,
como es el caso de los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene.
Desde ATE señalaron que “retomamos el
proyecto que ya en 2012 había presentado Víctor De Gennaro, entonces diputado
nacional, sobre este tema, planteando la derogación de la ley de ART por
considerarla uno de los pilares de la política de los ’90: Atrás de la muerte
de los compañeros está el negocio multimillonario de las aseguradoras, atrás
del padecimiento de los trabajadores está la ganancia de las empresas que
siguen siendo defendidas en la actualidad por los gobiernos de turno. Las 8 ART
más importantes concentran el 75% de los trabajadores en blanco donde la tarifa
es más importante que la vida. Es un negocio que factura $12 mil millones al
año, que vive a costillas de la enfermedad y sufrimiento de los trabajadores.
Todo esto con la complicidad de los gobiernos de turno y de las organizaciones
sindicales que lucran o terminan lucrando con la enfermedad de los compañeros”.
Por ello se planteó la derogación de
la ley y un proyecto alternativo: un sistema que funcione como banco público
nacional -sin fines de lucro- que otorgue garantías para auxiliar a accidentados/as
y enfermos/as, y considere la justa reparación del daño a los/as
trabajadores/as. Con control de los trabajadores/as y todos los actores
sociales, con delegados/as de prevención elegidos por sus propios/as
compañeros/as más allá del sindicato al que pertenezcan, o si se está
afiliado/a o no lo está.
“Porque el objetivo primordial del
Estado debe ser prevenir, parar la muerte y garantizar la vida. Si eso no está
asegurado, no se puede pretender que seamos los trabajadores y las trabajadoras
quienes dejemos de reclamar lo que nos corresponde”, culmina expresando el
comunicado de la ATE local.