ATE recurrirá a los tribunales internacionales contra la Reforma Previsional de Schiaretti

La conducción provincial
de ATE Córdoba recurrirá a tribunales internacionales para hacer una denuncia contra
el gobierno de la provincia, que encabeza Juan Schiaretti, por el planteo de
inconstitucionalidad contra la reforma previsional que impulsa este Ejecutivo provincial.
   

En una reunión
encabezada por el Dr. Eugenio Biafore y el Dr. Aníbal Paz y de la que
participaron los cuerpos jurídicos de las Seccionales de ATE Córdoba y del
Consejo Directivo Provincial –con la Dra. María Terragno a la cabeza-, las
máximas representaciones de ATE Córdoba –entre quienes se encontraba su
Secretario General, Federico Giuliani- discutieron acerca del progreso en la
presentación realizada ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba del
pedido de inconstitucionalidad de la Ley 10.694 que reforma -y recorta- el
régimen jubilatorio provincial. “El Ejecutivo tras la vuelta de la fase 4 a la
3, sin haber puesto en discusión ni alertado a los verdaderos representantes
que son los sindicatos, resolvió en menos de dos horas un ajuste sobre la
10.694, lo cual afecta gravemente la calidad democrática de nuestro país,
máxime cuando por las situaciones extraordinarias de la pandemia el derecho a
la protesta se encontraba retringido”, expresó Biafore.

Por otro lado, el
letrado expresó que “Argentina se ha adherido a pactos internacionales: uno de
ellos el de los Derechos Sociales y Civiles de 1968 que marca que los países
miembros de dicho tratado deben mantener el piso y aumentar el techo de
derechos. Es el principio de la progresividad, es decir no regresividad. En la
Constitución de 1994 fue incluido este pacto es decir que tiene valor supremo
en nuestro País. Al aplicar un recorte, esta Ley contradice ese compromiso que
la Argentina ha tenido frente al concierto de naciones”, advirtió Biafore.  El principio de progresivididad se ve
afectado ante una evidente reducción de haberes que se expresa de distintas
formas:  “los aumentos le van a llegar a
la jubilada/o 60 días luego de realizado el aumento a los activos/as  -quedándose la caja con los aportes de esos
dos meses-”; recortando el derecho de jubilarse plenamente con dos haberes
jubilatorios, estableciendo una confiscación a quienes sumen entre ambas
jubilaciones más de $102.000 mensuales. Las confiscaciones irían entre el 5% y
el 20%, dependiendo el monto que se trate; recortando en esos porcentajes
también las pensiones a quienes perciben una jubilación y una pensión y suman
más de $102.000. En este caso, al producirse los recortes sobre las pensiones,
la situación afecta especialmente a las mujeres. “Este punto tiene un sesgo
especial de género este punto ya que afectará mucho más a la población femenina
ya que 8 de cada 10 personas -aproximadamente- sobre las que recaerá el recorte
de las pensiones serán mujeres”, expresó el Dr. Aníbal Paz.  “Como el recorte se hará sobre las pensiones
y al ser las jubilaciones de las mujeres más bajas en promedio (por las
ocupaciones con menores ingresos), el impacto sobre la totalidad percibida será
aún mayor, agravando el problema muchísimo, con un fuerte rasgo de género”,
reafirmó Paz. “Este abuso del Estado contradice también preceptos fundamentales
incluidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores, a la cual nuestro país ha suscripto a partir
de la Ley 27.360. Y lo hace esgrimiendo perversamente –con fuerte sesgo
neoliberal- el principio de “solidaridad” entre pasivos: este principio debe
entenderse de manera intergeneracional, donde los activos sostienen a los
pasivos, no como se esgrime en la reciente reforma provincial”, expresó Paz.

Ante todas estas
situaciones de flagrante violación al principio de progresividad suscripto por
nuestro país y con rango Constitucional desde 1994, el cuerpo de representación
provincial de ATE ha mandatado a sus cuerpos de abogados a dirigirse a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por la flagrante violación a los derechos
humanos que el incumplimiento de los pactos internacionales que reconocen el
principio de progresividad

Además, los letrados
cuestionaron que la base para el cálculo de los haberes sea la de los últimos
10 años, no ya los últimos 4 como era hasta ahora: “estos últimos años
generalmente son los mejores en lo concerniente a ingresos, pensando en el  mejoramiento de carrera administrativa,
concurso, etc-, lo cual aplana y reduce el haber jubilatorio”. De igual forma
expresaron otros aspectos perjudiciales de la nueva Ley Jubilatoria de la
Provincia de Córdoba: es regresiva en casos de invalidez, llevándola del del 8
al 4%; elimina la bonificación por exceso de servicio (sobrecumplir los años de
servicio para jubilarse); modifica las bases imponibles máximas; reduce el tope
de las jubilaciones -que está regido por una proporción del sueldo del
Gobernador que ahora se verá reducida-; y todo ello se da en un contexto donde
el Gobierno de Córdoba pasa a no remunerativas sumas que eran remunerativas,
donde reduce los aportes a la caja de los trabajadores activos, entre otros.

Por otro lado, los
letrados advirtieron que “con la reglamentación de la Ley la autoridad ha
introducido cambios ante los cuales hemos incorporado nuevos elementos al
escrito que que habíamos enviado”

Por último, rescataron
que “el reconocimiento de ATE como litigante en esta acción es un antecedente
importante para litigar las representaciones en municipalidades y demás
estamentos del Estado, incluso provincial, donde se cuestione la legitimidad de
ATE como parte”.