ATE se reunió con la trabajadora despedida por luchar por el aborto legal

Este martes, Silvia León, Secretaria de Organización de ATE
Nacional y de Igualdad de oportunidades y Género de la CTA Autónoma Nacional,
junto a Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTA-A en Tucumán, se reunieron
con Fernanda Fernández, trabajadora estatal, despedida por  su rol como articuladora de la Campaña
Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en esa provincia.

El despido se dio en el marco de su exposición pública por
la nacionalización del caso de “Lucía”, la niña de 11 años violada a la que le
negaron – en una cerrada coalición antiderechos integrada por el Gobierno de
Tucumán, el Ministerio de Salud, los fundamentalismos religiosos, la
corporación  médica y la Justicia- su
derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

En el encuentro con las dirigentes, la trabajadora contó que
la misma coordinadora de su área admitió, expresamente y  con la presencia de sus compañeros y
compañeras de trabajo, que ese era el motivo de la desvinculación y que “venía
de arriba”, o sea, del Ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedly, para quien
ella trabajaba como técnica territorial en el programa de Cocinas Comunitarias,
de Política Alimentaria. Le dijeron que “no
daba con el perfil”, ya que era una “imagen pública de la Campaña”,  organización que venía  denunciando a las autoridades
provinciales  por impedir el aborto
legal, por lo que  “no había vuelta
atrás” con su despido.

 “Desde ATE y CTA-A nos
solidarizamos con Fernanda y denunciamos la forma de contratación absolutamente
precaria de la compañera, que estaba cumpliendo una tarea central dentro de la
política pública, y le exigimos al Gobierno provincial su inmediata
reincorporación”, expresó León. Y agregó: “El despido claramente se da en un
contexto de persecución ideológica por la posición que la compañera manifestó
públicamente ante el caso aberrante de “Lucía”, donde el Gobierno provincial
tuvo una clara responsabilidad en la tortura que sufrió la niña”.

Sobre su contratación –tercerizada por la Fundación RUAH, de
la empresa de colectivos 19- Fernanda detalló que la renovación era cada seis
meses y sujeta a evaluación técnica. “En dos años renové cuatro veces, las
cuatro evaluaciones me dieron bien. Tenias que demostrar que eras apto”,
señaló, dando por tierra los cuestionamientos a su idoneidad. A su vez explicó
que para entrar hubo una selección rigurosa. De 900 Curriculum Vitae que se
presentaron, seleccionaron 300, que pasaron a la etapa de entrevista. De esos,
quedaron solo 19, entre ellxs, Fernanda. “La evaluación la hace gente del
Ministerio y no gente de la fundación como dicen”, agregó. Las órdenes, también
bajaban del Ministerio. Sin embargo, al responder a la denuncia que Fernanda
hizo ante el INADI por discriminación, las autoridades provinciales quisieron
desentenderse alegando que ella no era trabajadora del Ministerio sino de la
Fundación, y que su contrato se había terminado.

“El derecho laboral es claro respecto a que tu relación
laboral depende de quién te da las órdenes”, manifestó la joven, que también está
a punto de recibirse en la Facultad de Derecho.

También sufrió persecución gremial luego de un paro
sectorial en el que, junto a unxs 40 trabajadores, reclamaron porque hacía dos
meses que no cobraban su salario. Otro motivo, indicó Fernanda, fue haberse
negado a trabajar en la campaña electoral del Gobernador.

Tal como expresó Leonor Cruz, de la CTA-A local, el despido
de Fernanda responde a un disciplinamiento por su activismo a favor de los
derechos humanos y, en particular, por el cumplimiento efectivo de la ILE, y la
legalización y despenalización del derecho al aborto.

En ese marco las organizaciones exigen a las autoridades
provinciales su inmediata reincorporación a su lugar de trabajo.