Audiencia pública por la expropiación de YPF

La audiencia fue moderada y conducida por el Diputado de la Unidad Popular Claudio Lozano, quien aseguró: “Nosotros compartimos el objetivo de avanzar en un control estratégico sobre un recurso como el petróleo y el gas, pero tenemos dudas sobre el camino elegido y sobre muchas cuestiones que el proyecto deja demasiado abiertas y sin precisión. Nosotros en principio creemos que para alcanzar el objetivo que el proyecto declama, habría que incorporar algunas definiciones respecto al marco regulatorio general del sector, sobre todo porque YPF hoy es el 34 por ciento del petróleo y el 23 por ciento del gas, por lo tanto, la mayor parte del petróleo y el gas sale de otras empresas. No establecer un marco que modifique lo que es la herencia menemista en materia de regulación del sector de hidrocarburos nos parece un inconveniente. Acá habría que, por lo menos, derogar los decretos de la época de Menem que le transfieren la libre disponibilidad de los hidrocarburos a las empresas”.

El diputado luego continuó: “En segundo lugar, nosotros vemos con preocupación que no se incorpora adecuadamente el tema del control de la comunidad en el manejo de la empresa, de manera tal de que sea efectivamente no sólo una empresa estatal, sino pública. Habría que conformar un consejo de control comunitario, con representación de trabajadores, empresarios, organizaciones medioambientales, usuarios, de manera tal de que hiciéramos verdad la idea de una empresa pública que defienda el interés público”.

 

“El otro elemento es que hay una figura societaria, que es la sociedad anónima, que no es en realidad lo que se está conformando. Esto es una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, y por lo tanto le caben las reglas para el control, por ejemplo, de organismos tales como la Auditoría General de la Nación, y en el proyecto expresamente se establece que no sea esto, y que directamente la Auditoría no la controle, que nadie la controle. Eso tampoco nos parece adecuado. No nos parece adecuado que el valor o la tasación no tenga, de parte de la ley, una serie de criterios, es decir que vamos a pagar en base al valor libro, que vamos a tomar en cuenta los daños ambientales, que vamos a hacer una revisión de las concesiones y una auditoría general de las reservas y de los yacimientos para fijar el valor. Me parece que hay que establecer parámetros objetivos en la materia, y a su vez, que hay que darle al Congreso la oportunidad de revisar el valor que el Tribunal de Tasación haga. No nos parece razonable que el Congreso autorice algo en donde no hay un valor expreso. Sobre todo porque además no queremos premiar a quienes nos esquilmaron”, manifestó Lozano.

 

“Tampoco se entiende por qué vamos por el 51 por ciento de las acciones de Repsol, y no sobre el 25 por ciento de las de Eskenazi, que este es otro tema que hasta desde la normativa vigente, que no es la mejor pero es la que existe, nos deja mal parados tomar una determinación de esta naturaleza. Incluso hay errores, en donde las propias leyes invocadas por el proyecto no están debidamente garantidas en el proyecto mismo, con lo cual nos abrimos a dificultades futuras, en términos de juicios, en términos de acciones que puedan tomar sobre la Argentina, que francamente hay que tratar de evitar. En ese sentido, nosotros vemos que es un objetivo importante, una determinación de carácter estratégico que hay que respaldar, pero que tiene muchos problemas. Sería razonable que, existiendo el consenso que existe, tomáramos una determinación incorporando modificaciones que son importantes, habida cuenta de que de lo contrario estaríamos perdiendo la oportunidad de poner en marcha una política de estado en esta materia” razonó Lozano.

 

En la audiencia estuvieron presentes los diputados Margarita Stolbizer, Virginia Linares y Omar Duclós (Gen), Juan Carlos Zabalza, Ricardo Cuccovillo, Roy Cortina y Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Graciela Villata (Fte. Cívico Córdoba), Antonio Riestra, Liliana Parada, Claudio Lozano y Graciela Iturraspe (Unidad Popular), Victoria Donda (Libres del Sur) y también Jorge Cardelli (Proyecto Sur).

 

Participaron de la audiencia Gustavo Calleja y Hugo Palamidessi (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora-MORENO), Andrés Di Pelino (Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía -UBA), Gustavo Lahoud (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas), José Rigane (CTA Nacional y Federación de los Trabajadores de la Energía – FETERA) y Agustín Arbor González (APCNEA). En representación de ATE se encontraba presente el

 

Los oradores coincidieron en que, si bien el hecho de replantear en el debate público la responsabilidad del Estado en la materia es un paso importante, la política energética debe ser encuadrada en un modelo de desarrollo de país y, en este sentido, reclamaron una empresa 100 por ciento pública, federal y socializada.

 

A partir de una fuerte crítica al modelo energético llevado adelante en los últimos años, del cual sostuvieron que ha fracasado debido a la falta de intervención del Estado, exigieron la reforma del marco regulatorio a través de la derogación de los decretos firmados durante el menemismo (1055, 1212 y 1589).

 

Otro de los cuestionamientos, tanto de diputados como de invitados, tuvo como eje la participación de todas las provincias en las ganancias de la petrolera (les correspondería el 49 por ciento de las acciones), y en cuanto al valor que se va a pagar por ella, hasta se dijo que no hay que pagar por algo que le pertenece al pueblo argentino.

 

25/04/2012