Capitanich y Kicillof omiten la deuda que la Nación mantiene con las provincias

Jorge Capitanich y Axel Kicillof hablan antes las cámaras de lo que les conviene y no de las necesidades del pueblo. Entre dichos y desdichos intentan ocultar la verdadera intención del gobierno nacional, cuyo exponente fue el anuncio que a fines de 2013 estuvo acompañado del silencio de 17 gobernadores. Se trata de la “refinanciación” de la deuda que las provincias tienen con el Estado Nacional, en un disfrazado gesto de ayuda para apalear las urgentes necesidades de las poblaciones administradas por los Estados provinciales y municipales.

Según el ministro y el Jefe de Gabinete, la supuesta refinanciación alcanzaría a una parte de las necesidades de financiamiento de los Estados provinciales. Sin embargo, se podría decir también que son más las condiciones que impone la administración nacional para garantizar sus políticas de ajuste implementadas a través de las provincias. De esto queremos hablar, de lo que los funcionarios y una parte de los gobernadores silenciaron: de la deuda que la Nación mantiene con las provincias. Se demostraría así que el ajuste no tiene que ver con la carencia de recursos provinciales, sino con la distribución injusta del Estado nacional, afín a intereses minoritarios.

El gobierno nacional no cumple desde 2003 con la vigente Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que estipula en su artículo 7 la obligación del Estado nacional a transferir no menos del 34% de la recaudación de los tributos nacionales. Según un informe de los institutos IDEP e IPyPP de ATE, la deuda de la Nación con las provincias asciende pues a cerca de 330 mil millones de pesos. Si se excluyera de este monto los recursos netos de Seguridad Social, alcanzaría sin intereses 46 mil millones de pesos. Y si a este número se le recargara el 6% de interés anual (porcentaje que la Nación le cobra a las provincias), el total oscilaría los 68 mil millones de pesos. Mucho más que los 65 mil millones de pesos que las provincias adeudan a la Nación.

Desde la estatización de las AFJP a fines de 2008, el Estado nacional viene apropiándose del 15% de la coparticipación de impuestos correspondiente a las provincias, retención originada cuando se privatizó el sistema de reparto en los ’90 para financiar la ANSeS. Hoy es una apropiación indebida, porque no cumple con la función por la que fue implementada. Desde 2008, entonces, la deuda por esta retención alcanza los 91 mil millones de pesos.

Bajo estas condiciones se podría discutir mínimamente el financiamiento holgado de un 40% de aumento para los trabajadores estatales de las provincias, que es el porcentaje promedio de la pérdida del poder adquisitivo del salario en la carrera contra la inflación desde 2009.

No debe el gobierno nacional seguir ocultándose detrás de la “supuesta” sedición policial para retacear aumento de salarios en las paritarias con los estatales. Porque plata hay. Lo que no existe es la voluntad política de hacerlo con justicia y equidad.