Con paros ATE reclama al municipio de Catriel que cumpla con el laudo arbitral

El referido
arbitraje, al que ambas partes se sometieron voluntariamente, ordena al Poder
Ejecutivo incorporar al salario básico de los empleados todas las sumas no
remunerativas y no bonificables que perciben en la actualidad. Además, la
resolución de la cartera laboral prohíbe que la Municipalidad otorgue nuevos
aumentos en negro.
Para la ATE, el Intendente Carlos
Johnston se ha negado sistemáticamente a cumplir con las leyes laborales
y con las resoluciones que emanan de órganos competentes, colocando a los
trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad de sus esenciales
derechos.

Por otro
lado, pudo comprobarse que la actitud de incumplimiento asumida por el
Ejecutivo es caprichosa, toda vez que las partidas presupuestarias destinadas a
ese fin se encuentran disponibles desde hace más de un año y medio.

El titular
del CDP, Rodolfo Aguiar señaló que "no se entiende la insistencia de
Johnston en incumplir con las resoluciones de la Secretaría de Trabajo y con
todas las leyes vigentes”. “Los ciudadanos comunes no tenemos la posibilidad de
violar sistemáticamente las normas, como hacen en esta comuna", agregó.

 

 

Decreto 664:
Campaña de ATE logra que el 80% de los trabajadores no adhiera

Una vez
vencido el plazo para adherir al régimen
voluntario de regularización de aportes al sistema de la seguridad
social instrumentado mediante el Decreto 664/15 del Poder Ejecutivo Provincial,
desde la ATE se destaca
que, a través de la Campaña "Por una Jubilación Digna" se logró que
más del 80 % de los trabajadores en condiciones de jubilarse, no se adhieran al
perjudicial y tramposo régimen.  De los
1.000 trabajadores mayores de 60 años, sólo 180 firmaron la documentación y se
acogieron a la norma.

El referido régimen violenta derechos esenciales y no asegura que el futuro haber
jubilatorio se calcule sobre los ingresos reales que los empleados públicos
tuvieron mientras se encontraban en actividad. Además, el Gobierno pretende
descontar a los futuros jubilados, hasta más de siete años por una
deuda que ellos no generaron y se reserva para sí la potestad de reclamar luego
de ese período un pago adicional, si es que existió un mal cálculo en la composición
de lo adeudado. Por otro lado, el trabajador se obliga a renunciar a cualquier
reclamo posterior bajo estos conceptos.