Continúa el conflicto por atrasos en los sueldos de PIAP

El día de ayer los trabajadores de la Planta de Agua Pesada
se reunieron con Alejandro Monteiro, Ministro de Energía de Neuquén,  director de ENSI (Empresa Neuquina de
Servicios de Ingeniería) en representación del Estado Provincia. Exigen el pago
de los haberes del mes de abril y la reactivación de la planta, paralizada
desde mayo de 2017.

El funcionario se comprometió a abonar una parte de lo
adeudado de manera urgente y continuar gestiones para regularizar el pago total
de los salarios correspondientes.

Sin embargo, expreso que la provincia “no tienen posibilidad
de destrabar el conflicto desde la gobernación, que está en manos de Nación, y
que están haciendo toda la presión posible”, según explica Rubén Méndez,
delegado de ATE en la planta.   

Méndez dice, además, que la situación no solo afecta al
conjunto de empleados de la planta, sino al desarrollo del país: "Más allá de lo que padecemos nosotros,
el sector nuclear está totalmente afectado por las indefiniciones o falta de
políticas de este gobierno".

“al estar paralizado y no tener un horizonte de producción
certero, está latente el temor a los despidos, en algún momento la empresa
quiso aplicar un sistema de licencias forzadas, suspensiones encubiertas, pero
lo frenamos”, amplía Méndez,  que además asegura
que “si no nos pagan el sueldo es posible que quieran avanzar aún más en esta
situación”.

El funcionamiento de PIAP está vinculado al Plan Nuclear, al
inicio de operaciones de la cuarta Central Nuclear, “pero el Gobierno Nacional
aun no ha definido esa situación”.

El conflicto:

Hace un año, el Gobierno Nacional paralizó la planta de agua
pesada que abastece a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

Los trabajadores de ATE de la Planta Industrial de Agua
Pesada (PIAP) realizaron un corte durante los últimos días sobre la Ruta 22, a
la altura del puente de Arroyito, en Neuquén.

La empresa, que pertenece al Estado Nacional (49%) y al
Estado Provincial (51%) está paralizada desde hace un año. Entonces, el
Gobierno Nacional ordenó una parada técnica que no debía extenderse por más de
dos o tres meses pero que nunca se revirtió. Además, la situación se agravó en
enero, cuando las partidas de dinero para el pago de salarios y proveedores
comenzaron a llegar con atraso.

Esto afecta a los 459 trabajadores/as, entre convencionados
y no convencionados, y a otros 700 trabajadores indirectos y proveedores.