Denuncia contra el Instituto de Colonización provincial

“Hacemos, responsables directos del pedido de desalojo que obra sobre la familia Belizan, al Presidente del Instituto de Colonización John Paris y a la delegación de Juan José Castelli”, subrayó el CDP chaqueño después de su denuncia. .

El Presidente del Instituto de Colonización debía hablar y expresar lo que todos sabemos, la adjudicación en Venta como dice la ley de tierras públicas del Chaco en su art. 38. Establece que nadie tiene la propiedad definitiva de la tierra hasta que el Instituto de Colonización no compruebe –el Instituto no la Fiscal- la asunción de todas y cada una de las obligaciones del adjudicatario, que es un Ocupante administrativo de Tierra Pública.

Sin embargo, su accionar fue en total desmedro de los auténticos poseedores de la Tierra.

Por otra parte, le solicitamos al Procurador de Justicia de la Provincia que investigue el accionar de altos funcionarios de la Fiscalía N° 1 de Juan José Castelli, en la causa contra la familia Belizan, en donde no se cumplieron con las garantías del debido proceso, e incluso, como consta en las testimoniales de la causa, al menos 1 testigo reconoce haber estado en el despacho de un alto funcionario de esa fiscalía junto con el denunciante, minutos antes declarar, exigimos que la procuraduría realice las acciones pertinentes contra estos funcionarios, debido a que la justicia debe garantizar la parcialidad, y no defender a los amigos del poder.

Asimismo, exhortamos al Gobernador de la Provincia del Chaco a tomar todas las medidas que considere necesarias, y que instruya a sus funcionarios en este sentido, para que la familia Belizán pueda seguir viviendo el campo, y para que “nunca más” se criminalice la ocupación campesina.

Esperamos que el Poder Ejecutivo cumpla con los compromisos asumidos públicamente y se pronuncie sobre la publicidad de esta tierra que es para la familia campesina y cumpla con su deber indeclinable de proteger la tierra pública de la provincia, porque es de todos el patrimonio público y la Democracia Chaqueña se dio la ley de tierras para que estas cosas no sucedan, para que la tierra sea dada a las familias campesinas e indígenas.

Cuando se acusa de usurpación a quien la ley destina a ocupar la tierra pública del Estado Provincial estamos en una situación de gravedad institucional importante, porque una Fiscal está obligada a investigar los posibles delitos del Código Penal y a no criminalizar sosteniendo como “usurpadores” a pequeños agricultores de la economía familiar, cuando se criminaliza la forma de vida de la familia campesina se promociona el Desmonte y se concreta una violación a los derechos humanos.

La tierra es de quien la trabaja y no de quien tiene “más contactos”. “No retrocederemos ni un metro más: tierra y trabajo para las familias campesinas e indígenas”, subrayó al final ATE en su documento.  

 

Prensa ATE Chaco 13-06-2013