Denuncian criminalización de la protesta social en Córdoba

El secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, se reunió este miércoles en Buenos Aires con el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybyski para interiorizarlo sobre la grave situación de criminalización de la protesta social en Córdoba llevada adelante por el Gobernador Juan Schiaretti y la Justicia adicta, que imputó a Giuliani por participar de una Marcha contra el Hambre.

“Przybyski se comprometió a la participación activa de la Secretaría de DDHH dentro de nuestra causa a fin de denunciar la judicialización del conflicto. Me acompañó en la entrevista el abogado de ATE Córdoba, Eugenio Biafore”, dijo Giuliani al cabo del encuentro.

Cabe recordar que el 20 de abril pasado un amplio arco político, social y sindical rodeó la presentación de Giuliani ante el Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón, quien procedió a identificarlo, imputarlo y retenerle su teléfono celular, por participar de la Marcha contra el Hambre y en rechazo al FMI realizada el 5 de abril por la Unidad Piquetera.

“Esta es una resolución politizada y está dirigida a criminalizar la protesta social, a castigar a las organizaciones populares. Los números de la pobreza, de precarización laboral, de marginalidad, de hambre que hay en Córdoba hablan de un Gobierno que no da respuestas. Ahora, cuando salimos a expresar nuestro reclamo de manera genuina y legal, nos acosan judicialmente, nos persiguen y hostigan”, resumió Giuliani.

Apoyo de la CTAA

La CTA-A Córdoba también repudió la ofensiva política, judicial y mediática contra los movimientos populares y remarcó que “en lugar de atender la agenda de necesidades que plantean la pobreza, la falta de trabajo, y la inseguridad, el Gobierno persigue y procesa a los que ganamos la calle para denunciar la crisis social y económica que, vía inflación, pulveriza los ingresos de la población”.

Para la Central la arremetida del poder judicial “es un globo de ensayo para ver si funciona como instrumento para disciplinar a los que reclaman contra este calamitoso estado de cosas”. Y agregó que “la Jefa de la Policía, Liliana Zárate, confirmó que la fuerza realiza en la previa de cada marcha un seguimiento de los perfiles de redes sociales de los dirigentes, y que la identificación in situ de los organizadores no es inconveniente ya que despliegan policías de civil y cuentan con el registro de cientos de cámaras dispuestas en la mayoría de las esquinas del casco céntrico de la ciudad de Córdoba. Un combo de inteligencia interior para reprimir el conflicto social que atenta directamente contra el estado de Derecho”.

“Pese al hostigamiento político y judicial no nos van a callar. Vamos a seguir denunciando y accionando para enfrentar el ajuste que sufren los sectores populares”, remató.

Prensa ATE Córdoba