Despidos en el Hospital Molas: ATE rechaza el avance tercerizador

A fines del año pasado, las trabajadoras armaron una carpa en el Molas e intentaron armar otra en Casa de Gobierno después de agotar las vías de reclamo. Las manifestantes pedían su reincorporación, después de trabajar durante años, en negro, para el Estado. Hace unas semanas, estas seis personas que trabajaban en la cocina del Hospital Molas fueron despedidas.

El ministro de Salud provincial, Mario González,dijo que se reunió con dirigentes de ATE a quienes se les planteó “claramente cual es la situación”. Detalló que las dos leyes que rigen el sistema de Salud Pública (1420 y 1279) establecen que el artículo 6° “que es el que ellos reclaman, se trata de suplencias que tienen un término en función de la vacante temporaria que se produzca. Cuando ello termina, no hay ninguna tipo de relación ni de dependencia laboral posterior. Y si bien pueden estar desde hace mucho tiempo, son suplencias, lo que no les da ningún derecho ni aval para pasar a planta permanente”.

En relación a General Acha, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Ricardo Araujo, opinó que a los obreros municipales jornalizados de esa ciudad "les prometieron un contrato en un santiamén", lo cual desembocó en un conflicto que enfrenta a los trabajadores con la administración municipal. Describió que a su criterio interpreta que lo que generó el disparador, "fue esa resolución inoportuna, porque en realidad le transfería la decisión de contratar a un centenar de personas a una autoridad que esperaba asumir y no tenía para pagar los sueldos. Creo que en ese aspecto hubo un mal manejo de la situación o un manejo oportunista. Lo que nosotros pretendemos es que eso se haga como corresponde, generando las vacantes necesarias, generando los presupuestos y con una discusión seria y a fondo", describió el dirigente sindical.

El conflicto en General Acha tuvo como contexto el final del mandato de María Elena García y la asunción de las nuevas autoridades, de diferente signo político. La jefa comunal adeudaba los salarios del mes de octubre excusándose en que no había dinero suficiente para efectuar los pagos. En este contexto, los trabajadores, afiliados a ATE, decidieron movilizarse mediante un paro que había sido convocado para el martes 22 de noviembre, el cual finalmente no se concretó por decisión de los trabajadores, con el objeto de descomprimir la situación para llegar a un acuerdo. Finalmente, tras la renuncia de García asumió la intendencia Marcelo Berot, quien informó que se pudo solucionar el problema gracias al adelanto de coparticipación que hizo el Gobierno provincial, de unos 650 mil pesos. A esta cifra, se sumó el aporte de alrededor de 300 mil pesos que el Ministerio de Gobierno y Justicia envía mensualmente para pagar los salarios a los municipales, además de los ingresos registrados por la recaudación en concepto de tasas y servicios del municipio.

 

PRENSA ATE – 06/01/2012