El 2018 y otra caída salarial: con Macri el poder adquisitivo cayó un 26,3%

A pocos días de concluir el año 2018, nuevamente, el ejercicio el
gobierno de Mauricio Macri cerrará con una importante pérdida salarial: ni las
cláusulas gatillo, ni el pago de un bono o algún incremento de salarios
adicional ayudarán a amortiguar la caída de ingreso habida entre los
trabajadore/as de los sectores nacionales, provinciales y municipales. El 2018 acabará con el registro de
inflación más alto de los últimos 27 años, 47%, y una pérdida del poder
adquisitivo, desde que Macri asumió su mandato, estimada  en un 26,3%.

Con la crisis creciente a partir del mes de marzo las políticas
salariales de las provincias tomaron distintas alternativas. Hubo algunas que
eligieron aplicar la  cláusula gatillo;
otras limitaron el aumento en porcentajes cercanos al 35%; otras lo hicieron
con una combinación de porcentajes más bajos acoplando el pago de bonos;  y estuvieron aquellas administraciones que
fijaron su política de salarios con el mecanismo de sumas fijas.

Este paisaje tan disparar en el modo que lo/as trabajadore/as han
percibido el aumento de salarios es un producto propio del cambalache
financiero y las políticas erráticas del gobierno macrista.

La uniformidad salarial entre las provincias sólo mantuvo una cierta
estabilidad hasta el cierre del primer trimestre. El rango del 15% de
incrementos para todo el año empezó a desbarrancar a mediados de año cuando la
inflación acumulada trepó al 16%, superando así la meta estimada para todo el
año.

Desde julio en adelante el proceso de espiralización inflacionaria
hizo saltar todas las variables por el aire. A noviembre el registro del año es de 43,9% y cuando se complete
diciembre el estimativo de las consultoras es que acabará en un rango del 47%,
fijando así la inflación más alta de los últimos 27 años, después de la
hiperinflación de 1991, cuando el que gobernaba era Carlos Menem.

En la tasa inflacionaria se descubre la pérdida del poder
adquisitivo del trabajador/a.  En un
informe de nuestra organización se denunció una pérdida del poder adquisitivo
cercana al 26,3% desde el 2015, como resultado de una inflación acumulada del
157% que estuvo por encima de la actualización salarial del 89,5%. Analizando
el derrotero de esta caída salarial, se observa que durante el año 2018 se
produce el retroceso más importante con un descenso salarial del 18,3%.

En este esquema la contracción salarial de lo/as trabajadore/as del
Estado ha sido entre 4 y 5 puntos más alta que sus pares del sector
privado.  

 

Como se resolvió en las
provincias

Para el segundo semestre las políticas salariales empleadas por las
distintas administraciones provinciales tuvo importantes modificaciones.

A nivel Nación el gobierno de Macri siguió con la misma política de
contracción salarial que aplica desde que asumiera la conducción del país: a
una suba del 15% (en 3 cuotas)  y dos
sumas adicionales, agrega un “maquillaje” final con un bono de 5.000 pesos y
otro 10% pagadero en cuotas sucesivas del 5% entre enero y febrero
próximos.  

Provincias como Tucumán, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, La
Pampa, Mendoza y Santa Fe optaron por el camino de la cláusula gatillo. Esto
implica que  la reconstitución del
salario les llega por la equiparación de la inflación. Salvo que se trate de
excepcionalidades estos distritos no pagarán bonos a sus trabajadore/as.

Dos de las provincias que atraviesan las mayores dificultades financieras
son Tierra del Fuego y Santa Cruz. En ambos casos sus gobiernos eligieron  subir el salario a través del pago de sumas
fijas.

En resto de las provincias definió sus políticas de ingreso a través
del otorgamiento de aumentos con porcentajes 
que abarcaron un rango de entre el 32%, como provincia de Buenos Aires
(más un bono de 7.000), La Rioja, el 36% de Córdoba y el 37,5% de Salta.

Entre las menos favorecidas se cuentan Chaco, Formosa y Jujuy, con
incrementos de entre el 10% y el 20%. Y el distrito más rico del país, CABA,
dispuso un incremento del 25%.      

La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales ha
sido la resultante final del ejercicio 2018 más allá de las disposiciones
políticas tomadas por los gobiernos provinciales para reducir la brecha. 

Según el informe
actualizado al 31 de octubre de la Junta Interna de ATE- INDEC, el valor de la
canasta familiar para un hogar de 4 personas (familia tipo) debe ser de 37.300
pesos.

Salvo en algunos sectores del Estado Nacional y de administraciones
provinciales con buenos márgenes de recaudación, una gran mayoría de
trabajadore/as estatales difícilmente alcance la línea de lo que fija ATE-
INDEC como canasta familiar.

En regiones del NOA y NEA,
ATE denuncia que los salarios promedios están por debajo de los 20.000 pesos.
Peor registro existen entre lo/as trabajadores del área de municipales donde el
ingreso promedia los 12.000 pesos, y en caída libre están los jornalizados,
becarios y personal con otra variedad de contrato que en algunos casos apenas
alcanzan los 5.000 pesos mensuales. 

Dentro de esta problemática también se cuenta al Salario Mínimo
Vital y Móvil (SMVyM). Definido el aumento del 25% en 4 tramos, arrastra hacia
un punto más bajo del escalafón a casi otro millón de trabajadores formales.

Mientras se debate cual será el piso de la crisis del gobierno de
Macri el primer indicio de política salarial se conoció estos días con un
aumento salarial proyectado del 23%. De cumplirse los datos que proyectan una
inflación anual cercana del 30%, Mauricio Macri acabará terminando su mandato
con 4 años consecutivos de salarios a la baja.