El Centro Nacional de Jubilados cumple 49 años

Hace 49 años, el 7 de febrero de 1969
comenzó a funcionar el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE,
estatutariamente instituido como organismo con carácter de filial dependiente
del C.D.N.

 

El ex dirigente cordobés y
jubilado de la ATE, Félix Rodríguez fue designado secretario general. Se deja
constancia en actas de que el Centro contaría con autonomía funcional en todo
lo relativo a la defensa de los intereses generales de los jubilados y
pensionados Nacionales, Provinciales y Municipales, comprendidos en la órbita
de la A.T.E.

 

La repentina convocatoria del
Consejo a una reunión especial para dar nacimiento al Centro Nacional de
Jubilados, durante la primera semana de septiembre del 68’, no fue casual.

 

ATE, a través de su
secretario nacional adjunto, Pedro Avellaneda,  había participado de
una reunión del Consejo Directivo de la CGT de los Argentinos, que integraba
ocupando la pro secretaría de finanzas, en la que se había debatido sobre la
política previsional desplegada por la dictadura, de la que surgió un documento
denunciando dichas políticas, y que se publicaría con fecha del día 12 en la
edición del periódico de la central combativa correspondiente a ese mes. Es
decir, una semana después de la resolución aprobada por la ATE.

 

Macri se copió del
onganiato

 

 

El análisis aludía al momento
en que el gobierno de facto definió su política previsional. La misma semana
del 28 de junio de 1966 en que fuera derrocado el Presidente Arturo Illia, el
general Onganía había convocado al doctor Agustín Morello para encargarle la
presentación de un proyecto de modificación del sistema de Previsión Social.
Morello dirigió el equipo PASS (Programa Argentino de Seguridad Social)
financiado por la Fundación FORD y el Instituto para el Desarrollo de
Ejecutivos en la Argentina (IDEA) y elaboró su plan. La tecnocracia financiada
por monopolios norteamericanos tendría a su cargo la modificación del sistema
argentino de Previsión Social.

 

Curiosamente, desde 1965 y
hasta el momento del golpe militar, Morello se había desempeñado como miembro
de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, durante la
gobernación del dirigente radical Anselmo Marini. Su condición de radical
colaboracionista se extenderá hasta el gobierno del dictador Lanusse, durante
el que secundó a su correligionario Arturo Mor Roig en la cartera de Interior.

 

El Plan PASS se asentaba en
tres puntos: a) elevación de la edad jubilatoria hasta los 65 años, b)
supresión del haber jubilatorio mínimo y móvil y c) financiación del sistema a
cargo exclusivamente de los trabajadores, sin aporte patronal.

 

El periódico dirigido por
Rodolfo Walsh denunciaba en sus páginas del mes de la primavera, durante el que
se deshojaba la esperanza de miles de jubilados de transitar una vejez digna: “El
desmantelamiento del régimen jubilatorio cuyas bases iniciales lograron los
trabajadores en el año 1904 y enriquecieron en medio siglo de luchas”.

 

El plan también conllevaba
una impronta inscripta en los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional
fijada para nuestros países desde el imperio. Establecía que “las personas
físicas deberán tener un número autogenerado a fin de lograr su
individualización, no sólo a los fines de la Seguridad Social, sino también a
todos los efectos (…) militares, policiales, (…)”.

 

Las primeras medidas fueron:
a) la sanción del decreto 4756/67 del 29 de junio del año anterior, modificando
las escalas jubilatorias establecidas por el Artículo 4 de la Ley 14.499,
vigentes desde abril de 1955. Pero se las modifica atacando a los más bajos
ingresos: para las jubilaciones menores de $20.000 el aumento es del 28 por
ciento, mientras que las de $100.000 se incrementan en un 66 por ciento; b) la
puesta en vigencia del decreto 5719/67 del 9 de agosto del mismo año,
concediendo a los trabajadores independientes la jubilación única de $6.000
mensuales, en lugar de la jubilación ordinaria íntegra, aprovechándose –para
escamotear ese derecho– de la situación de miles de afiliados a esa Caja que
tenían los trámites paralizados; c) se da curso a la Ley 17.122 de moratoria
previsional, mediante la cual se conceden plazos para abonar las cuotas
indebidamente retenidas por las empresas, con un interés del 6% a los que
adeudaban 12 cuotas y del 15% a los que adeudaban 72 cuotas (6 años). De tal manera,
las patronales –especialmente las grandes empresas por los montos millonarios
que adeudaban– no sólo pagarán en moneda desvalorizada, sino que pueden lucrar
con un capital suplementario que no les pertenece, ya que son aportes retenidos
a los trabajadores, provocando además la descapitalización de las cajas
previsionales.

 

Desde la central obrera
liderada por el dirigente gráfico Raymundo Ongaro se denunciaba que: “El
asalto final contra el sistema jubilatorio comienza con dos leyes, la 17.310 y
la 17.575. La primera, en el artículo 2, establece que tendrán derecho a la
jubilación ordinaria los afiliados que acrediten 30 años de servicio y hubieran
cumplido 60 años de edad los hombres y 55 años de edad las mujeres; en el
artículo 8 se faculta al Poder Ejecutivo a elevar los mínimos de edad
establecidos con carácter general; el artículo 14 autoriza la prestación de
servicios hasta los 65 años, es decir 5 más del límite de edad para jubilarse.

 

Y por el artículo 9 de
la jubilación ordinaria en los trabajos insalubres o penosos queda a merced de
la voluntad del gobierno y no está garantizada por ley como sucedía en la
actualidad. Ya tenemos muestras de esa ‘voluntad’: en las industrias insalubres
por reciente disposición gubernamental los trabajadores no podrán jubilarse sin
30 años de trabajo y 55 de edad. Si se tiene en cuenta que las estadísticas
demuestran que en un período aproximado de cinco años de trabajo en
establecimientos de moliendas minerales un obrero contrae silicosis (enfermedad
broncopulmonar), no hay exageración al afirmar que con 30 años de inhalar polvo
ningún trabajador llegará a jubilarse”.

 

Contener a los trabajadores
jubilados fue una acción táctica con un fin estratégico: que todas y todos los
trabajadores, desde una construcción colectiva, podamos gozar de una tercera
edad con dignidad. Como hace 49 años seguimos resistiendo organizadamente.

 

Por Daniel Parcero *

 

*Escritor revisionista
autor de la colección “Historia de la ATE”  e “Historias recuperadas
de las ATE”