El CNJyP de ATE rechaza la “degradación del Ministerio de Trabajo

Desde el Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados de ATE (CNJyP) rechazó “la  degradación
y desarticulación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS),
a simples secretaria de trabajo y de seguridad social”, que quedan ahora bajo
la órbita del Ministerio de Producción y del Ministerio de Desarrollo Social
respectivamente, y acusó que esto “no son meras alteraciones funcionales, sino
una decisión política dirigida a la pérdida del trabajo y la seguridad social
como derecho de los trabajadores”.

En su largo documento el CNJyP sostiene
que “es una desnaturalización de la obligación del Estado de garantizar los
derechos del trabajador y una renuncia a su obligación de otorgar los
beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable. El
trabajo, las jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares, los
accidentes de trabajo y la salud son derechos constitucionales y convencionales
de rasgos universales, solidarios e incondicionales obtenidos por la lucha y el
sacrificio de los trabajadores”.

Esta actividad del gobierno va más allá
del desprecio por la vigencia histórica de los Ministerios de Trabajo y de Salud
en la estructura del Estado, sino que parte de una concepción en la que los
ciudadanos no son titulares de derechos plenos, sino de derechos precarios,
o sea materia de permanente degradación.

Para el CNJyP “el
objetivo del gobierno es modificar sustancialmente, las bases constitucionales
del trabajo y la seguridad social establecidas por el art. 14 bis de la Constitución
Nacional. En efecto se trata de desvincular el trabajo de la seguridad social,
la jubilación del salario del activo, de destruir el derecho como tal transformándolo
en precario y asistencial, sujeto a las necesidades de la economía y la
producción”.

En ese marco
denunció que “se gobierna al margen de la Constitución, de los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos y de las leyes que obligan a los Estados a garantizar el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, que le asegure así, como a
su familia la salud y el bienestar (art. 25 Declaración Universal de Derechos
Humanos). Se legisla en contra de los derechos de los trabajadores al abandonar
la concepción de la seguridad social como un derecho humano fundamental, para
transformarlo en derechos precarios, de subsistencia mínima, renunciando el
Estado a su obligación de garantizar la seguridad social en forma integral e
irrenunciable”.

Continúa
señalando el documento que “el Estado desde esa perspectiva deja de ser un
Estado de derecho democrático, para transformarse en uno de mínimos
asistenciales, con políticas de alivio a la pobreza, sin modificar las
condiciones de desigualdad, consolidando una forma de gobierno y de régimen fuera
del derecho. Es evidente que, conforme la filosofía en materia de seguridad
social de la coalición gobernante,  nos
dirigimos a profundizar un sistema de protección social de rasgos cada vez más
asistenciales y de derechos sociales débiles”.

Para hacer
frente a esa política y defender el trabajo y la seguridad social desde el
CNJyP se convoca “a todos los trabajadores jubilados y a sus familias a luchar
activamente por sus derechos consagrados en la Constitución Nacional a una
seguridad social integral, de rasgos universales, solidarios, públicos, con
participación de los trabajadores en su administración y  jubilaciones y pensiones del 82% móvil del
salario de los activos”.