El convenio colectivo para civiles de las FFAA camina a paso lento

La
circular enviada por el Ministerio de Trabajo invitaba a una delegación de ATE
representativa del personal civil de las Fuerzas Armadas y del Instituto de la Obra
Social del Ejército a avanzar en el diseño del convenio colectivo de trabajo
para el sector. Sin embargo, no había funcionarios de la Jefatura de Gabinete
de Ministros ni del Ministerio de Economía ni del de Defensa ni del de
Seguridad.

Por
ATE participaron Oscar de Isasi, Secretario General bonaerense; Alejandro
Charra, Secretario de Organización del Consejo provincial de Córdoba; Oscar
Rey, dirigente del Consejo nacional, y Mariana Amartino, asesora legal. Además
de los sindicalistas de PECIFA, estuvieron presentes Mauricio Riafrecha
Villafañe y Eduardo Bermúdez, presidente y suplente de la Comisión Negociadora
del CCTS.

En
este marco, las partes fijaron para el próximo lunes un encuentro de la
comisión técnica en el Ministerio de Defensa, que revise y acuerde los
capítulos del convenio colectivo. Además, establecieron que al día siguiente se
reúna la comisión negociadora para analizar y eventualmente aprobar lo
consensuado el lunes.    

“La
comisión negociadora no fue convocada hoy por voluntad política del gobierno,
sino por el plan de acción que ATE viene desplegando. Por ello nosotros
ratificamos el paro que mañana y pasado impulsaremos, porque la patronal se
sienta cuando media la lucha de los trabajadores. Advertimos además, que si no
hay avances en un tiempo político estimado, se agudizará el conflicto. Porque
ATE lucha por el convenio para los civiles de las Fuerzas Armadas desde 2006, y
cuando el gobierno decidió crearlo en diciembre pasado, congeló todo tipo de
negociación”, expresó Oscar de Isasi.

A
falta de espacio para el debate, ATE solicitó un acta complementaria, en la que
manifestó que el Estado empleador acuda a la próxima reunión con respuestas
concretas a las demandas planteadas.

Entre
ellas, que el convenio sectorial entre en vigencia retroactivamente al primero
de enero de 2015, se incorporen a los 2000 trabajadores precarizados a planta
permanente, se abone el piso salarial mínimo vital y móvil y que se decrete un
aumento de sueldo de emergencia del 15 por ciento.