02.08.2019

El Fondo de Vivienda para afiliados a ATE es ley

La vigencia de la norma es de tres años, prorrogables por ley.

Otra de las viejas demandas de
la ATE fue convertida en ley: hace instantes, la Legislatura de Río Negro
aprobó por unanimidad el Programa Provincial de Financiamiento para la Vivienda
(PPFV) de los empleados públicos afiliados al sindicato.

“Es emocionante vivir
experiencias como la de recién. Los estatales rionegrinos hemos alcanzado un
nuevo sueño: el del terreno, la casa propia, la vivienda remodelada. Un derecho
constitucional mayormente vulnerado en este escenario de crisis económica, lo
que le da a este triunfo un sabor muy especial”, expresó el secretario general
de ATE, Rodolfo Aguiar.

“Quiero convocar una vez más a
todos los trabajadores del Estado de la provincia a afiliarse a nuestro
sindicato: un colectivo de mujeres y hombres que pelea y obtiene beneficios,
que lucha, gana y no traiciona”, agregó Aguiar.

El dirigente valoró además el
consenso que obtuvo la ley en todos los bloques partidarios de la Legislatura.
“No me sorprende, realmente. Nuestros legisladores, oficialistas y opositores,
han garantizado nuevamente derechos sociales reclamados por esta parte del
pueblo. La tierra, el techo y el trabajo son innegociables”.

Con cientos de militantes y
delegados de ATE provenientes de todos los rincones de la provincia, los
legisladores aprobaron la creación de un fondo fiduciario compuesto con
aportes mensuales estatales, calculados sobre un 0,5% de la masa salarial
de la administración pública.

Ese dinero estará disponible
para la compra de terrenos, construcción, refacción y ampliación de viviendas
de los afiliados a ATE, como también para dotarlos de servicios básicos si nos
los tuvieran.

Para garantizar la transparencia
de las operaciones, la ley establece una comisión asesora integrada por dos
representantes del ministerio de Economía, uno del de Obras y Servicios
Públicos, otro del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y dos
de ATE.

La vigencia de la norma es de
tres años, prorrogables por ley.

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