El gobierno ajusta el bolsillo estatal por vía del monotributo

La
Administración Federal de Ingresos Públicos elevó el monto mensual destinado al Sistema Nacional del Seguro de Salud como el transferido
a Obras Sociales de 233 a 323 pesos (38,6%). También sube en $90 el
aporte adicional por la incorporación de cada integrante del grupo familiar
primario.

A
este total que se aplica a todas las categorías, se debe sumar el aporte jubilatorio e
impositivo, que varía según la categoría del monotributista. El sistema tiene
tres componentes: impositivo, previsional y salud.

En
sus fundamentos, Ricardo Echegaray aduce “garantizar así el goce de las prestaciones
al creciente número de sujetos que acceden a ellas en razón de la política de inclusión
social que lleva adelante el
Gobierno Nacional”. Inclusión que, a la luz de los números, viene acompañada de
una política redistributiva en la que los menos beneficiados, pagan más.

Veamos:

-Categoría
B (con ingresos anuales de hasta $48.000): pagarán $519, lo que es igual a un
20% de aumento

-Categoría
I (con facturación anual máxima de $400.000): pagarán $2080, tendrán una suba
del 4,52%

-Categoría
L (facturación anual de hasta $600.000), pagarán $3180, por lo que el aumento
será apenas del 2,91%

Este
aumento restringe aún más el poder adquisitivo del salario de los trabajadores
del Estado precarizados mediante el monotributo. Si se les reconoce el
incremento del 27,4%, los contribuyentes categoría B sólo obtendrán un plus
porcentual del 7%. El ajuste es más agudo aún, teniendo en cuenta que la última
actualización de los montos del componente previsional fue en agosto pasado,
cuando la AFIP los elevó al 60%.

 

Trabajadores que no existen

Así
como el INDEC oculta los porcentajes de pobreza, para el Ministerio de Trabajo
los monotributistas empleados del Estado no existen. No hay número oficial
preciso sobre ellos, excepto en algunos organismos. En términos generales sólo
se sabe que constituyen el 42% de los trabajadores del Estado nacional
precarizado, junto con aquellos que mantienen
contratos temporarios renovables cada 6 ó 12 meses -aunque permanezcan durante
años-. El porcentaje se incrementaría, entendiendo que la irregularidad
contractual es mayor en las administraciones provinciales y municipales.

El mal ejemplo es una política rectora del Gobierno nacional.
En el Ministerio de Educación, existe un 47,5% de trabajadores monotributistas.
En Planificación, 33%. Y en el de Economía, 28%.

Esta forma de evadir impuestos que conlleva hasta 9 años de
prisión sufrió un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
2010, cuando el máximo tribunal condenó al Estado argentino a que un trabajador
contratado cobre una indemnización como si se tratara de un empleado en planta
permanente.

Ramos, la víctima, es un modelo de la política patronal del
Estado cuya sentencia a favor puede ser modelo, también, de las causas que
tramiten el resto de los compañeros.