El Ministerio de Salud Pública amenaza e intimida a sus trabajadores

La Emergencia Epidemiológica y Sanitaria decretada para la
provincia el pasado  13 de marzo por el
gobernador Dr. Herrera Ahuad, lejos de presentarse como una oportunidad para
jerarquizar y dignificar la tarea de lxs trabajadores de Salud es tomada por el
ministro de Salud Pública, Dr. Oscar Alarcón, como una oportunidad para
amenazar e intimidar a sus trabajadores.

El 23 de marzo pasado el Dr. Alarcón emitió la circular 5/20
dirigida a las Subsecretarías del Ministerio de Salud Pública, Direcciones de
Zonas Sanitarias, Jefaturas de Zonas Sanitarias, Direcciones de Hospitales
Nivel I, II y III, Responsables de C.A.P.S, y personal que prestan servicios en
dependencias del Ministerio de Salud Pública. En la misma advierte a todo el
personal que trabaja en la órbita del ministerio a su cargo que  (sic) "deberá dar estricto cumplimiento
a las instrucciones impartidas por su superior jerárquico, bajo apercibimiento
de ser considerado el no acatamiento como causal de CESANTÍA".

La orden es justificada por el ministro en la situación de
Emergencia Epidemiológica y Sanitaria decretada en la provincia  en el marco de la pandemia del Covid-19 y de
la epidemia provincial de dengue, situación que considera  que (sic) "demanda un mayor compromiso,
solidaridad y profesionalismo de todo el recurso humano del Sistema Sanitario
Provincial, de modo de dar respuesta a la mayor demanda asistencial que la
emergencia provoca".

La circular aludida ha provocado un profundo malestar,
rechazo y angustia entre lxs trabajadores del sistema sanitario, que
constituyen uno de los sectores más expuestos a contagio en caso de la
propagación de la pandemia en nuestra provincia y que arrastran problemáticas
como los bajos salarios y altos niveles de precarización laboral.

"Esta disposición – 
que más bien podría considerarse una amenaza –  viene a agravar las condiciones laborales de
todo el equipo de salud que aun en contextos de precarización laboral, falta de
infraestructura y de insumos mínimos 
ponen su mayor voluntad y esfuerzo para garantizar el derecho a la salud
de todos los misioneros", expresaron mediante nota  dirigida al ministro Alarcón  desde la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) y la Comisión Directiva de la Central de Trabajadores de Argentina
Autónoma. (CTA- A).

 Inconstitucionalidad y arbitrariedad

Desde el gremio de trabajadores estatales denuncian que la
circular 5/20 constituye una intimidación a los trabajadores, que la directiva
de acatamiento que contiene es arbitraria y que además, el agregado de causales
de censantía por fuera de lo dispuesto en el 
art. 43 del Régimen Jurídico Básico de la Función en la Administración
Pública Provincial, es claramente inconstitucional.

Sobre las instrucciones brindadas por el personal jerárquico
cuya obediencia estricta se exige en la circular, ATE señala que " implica
que por la indeterminación de la conducta exigible, esto es,  si se refiere a instrucciones técnicas,
laborales, protocolares, institucionales, etc., otorgan una amplitud arbitraria
de interpretación que constituye una vulneración al derecho de defensa de todxs
los y las  trabajadoras que no encuentran
un marco legal concreto al que ajustar su conducta, poniendo en riesgo sus
puestos de trabajo". Los términos de la circular agregan,  además, una innecesaria dosis de angustia a
la ya de por si estresantes condiciones en que están desempeñando sus tareas
lxs trabajadores de la salud pública, al encontrarse la mayoría de ellxs bajo
formas de contratación fraudulentas, realizadas mediante convenios con el Ente
Autárquico Provincial Parque de la Salud que no otorgan estabilidad laboral a
sus contratadas y contratados.

En esa situación, agregar una causal indeterminada de
cesantía solamente incrementa la inseguridad de las trabajadoras y trabajadores
del sector justamente en momentos en que existen riesgos de que la pandemia de
Coronavirus se propague en la provincia.

Las deudas del Estado
provincial con lxs trabajadores de la Salud Pública

Más de diez mil trabajadores, contratados bajo diferentes
modalidades, se desempeñan en distintos ámbitos del Ministerio de Salud Pública
de la Provincia. Se ubican entre los trabajadores estatales peores pagos y más
de la mitad de ellos son contratados o becarios sin estabilidad laboral.

Esas situaciones dieron origen durante 2019 a un largo
conflicto con las autoridades, las cuales se comprometieron en diferentes
instancias a comenzar a dar solución a las demandas. La declaración de la
Emergencia Epidemiológica y Sanitaria provincial, decretada el 13 de marzo
pasado,  encontró a los trabajadores con
sus demandas sin respuestas. Entre ellas se encuentran el pase a planta
permanente de 500 Promotores de Salud, que trabajan como becarios. También
están sin resolverse las recategorizaciones de 577 empleados que se encuentran
en carrera sanitaria desde agosto de 2019. Por último, el gobierno incumple
hasta el día de hoy el compromiso de pasar a planta permanente a 100
trabajadores contratados en mérito a su antigüedad y comenzar a resolver la
brecha salarial que separa a lxs trabajadores de Salud Pública de otrxs
trabajadores estatales que desempeñan tareas similares.