El regreso de los retiros INvoluntarios

“No
es voluntario el retiro cuando no te dan alternativa y no es retiro cuando
debería ser jubilación. Rechazamos la ley sancionada que niega el derecho a
jubilarse a los trabajadores con más antigüedad”, expresó el delegado de ATE
Antonio Morales, durante la conferencia de prensa hoy a la mañana.

Ningún
legislador desaprobó el proyecto de ley que establece el “retiro voluntario
móvil” para los 80 trabajadores del ECOM en condiciones de jubilarse con 30
años de antigüedad, pero con menos de 20 de aporte, como exige la ley.

La contradicción entre años de antigüedad y años aportes en
una misma empresa se explica así: hasta abril de 2011, los empleados se
jubilaban por ANSES. Pero desde entonces, tras la sanción de la ley 6679,
pasaron a estar regidos por el sistema previsional provincial.

ANSES, sin embargo, nunca giró los aportes acumulados. El
defalco trajo dos consecuencias. Una, es que esos 80 empleados que hoy quieren
adscribirse a los beneficios del sistema solidario, deberán renunciar y “retirarse
voluntariamente”. En su caso, los años de aportes necesarios para completar los
20 que exige la ley, serán absorbidos por el ECOM mediante una asignación
personal.

El otro hecho consecuente, es que durante el último
quinquenio no pudieron jubilarse 24 trabajadores, por encontrarse en un limbo
previsional. En ANSES les decían que el trámite de jubilación dependía del
sistema provincial. Y en la provincia, que dependía de ANSES.

El renunciamiento y la incorporación a un régimen distinto de
jubilación (que no garantiza estabilidad) son las principales críticas que
realiza ATE. El delegado Morales aseguró que “la caja provincial es superavitaria: cuenta con más 300 trabajadores
activos que aportan más de dos millones de pesos mensuales. En los próximos cinco
años, se jubilará apenas un 14% de la planta. Lo que demuestra claramente la
posibilidad de inclusión, y no de exclusión como plantea esta ley de retiro
compulsivo aprobada”. 

Morales
también advirtió a los medios que el gobierno y el directorio del ECOM “quieren
sacar a la empresa de la irregularidad a la que la han empujado hace más de 5
años, con denuncia penal incluida. Pero esta ley dejará la ventana abierta a la
industria de los juicios, cuando es responsabilidad del Estado provincial
evitar o prevenir tales consecuencias”.