10.02.2017

El sector nuclear preocupado por la demora en la puesta en marcha de Atucha III

Los trabajadores denuncian que el gobierno impulsa privatizaciones en contra de la ley y presenta al empleado estatal como ineficiente

Los trabajadores estatales del sector nuclear ATE-NASA,
fundamentalmente los de  construcción y
puesta en marcha de proyectos nucleares, celebran la compra con recursos
propios del terreno destinado a la construcción de la cuarta Central (hoy se
encuentra con un sembrado de soja que sería levantado recién en mayo), pero
cuestionan la lentitud con la que está avanzando el arranque del proyecto

El delegado Ernesto Simionato explico que “la semana pasada la Conducción Nacional de
ATE se reunió con el Ministro Aranguren y le hizo este planteo y el Ministro se
comprometió a elevar el reclamo al Ministerio de Trabajo para que resuelva y
obligue a la empresa NASA a acatar lo que el propio ministerio dictamina”.
Sin
embargo, el representante gremial expresa la desconfianza de los trabajadores ante la
posibilidad de resolver el conflicto de fondo en el ámbito de la cartera
laboral: “Lo grave de este gobierno es
que en el Ministerio de Trabajo tenemos a un CEO de Techint como Secretario de
Empleo y eso es muy preocupante. Sin ser pesimistas, no creemos que podamos
resolverlo con una sola reunión, evaluamos medidas judiciales y gremiales”.

Por otro lado Simionato hablo de la importancia de la representación
de la Asociación de Trabajadores del Estado en Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima: “La empresa opera en
forma mafiosa, operan con el miedo, nosotros le mostramos a los trabajadores
que la función de sindicato la cumplimos nosotros y los otros funcionan como un
apéndice de la oficina de Recursos Humanos de la empresa”.

Las Juntas Internas de ATE en NASA señalan que las políticas
oficiales de privatización no solo incumplen la ley de actividad nuclear, sino
que además  ponen en duda la capacidad
del empleado estatal presentándolo como ineficiente. Sin embargo esta estigmatización se desacredita  con la construcción y puesta en marcha de
Atucha II, en la actualidad  operativa al
100%. Objetivo logrado con la conducción y mano de obra nacional demostrando a
través de los resultados  una alta
capacidad técnica  del personal
involucrado, compuesto por profesionales, técnicos y administrativos.

Julio Bonina, de ATE-NASA detallo la situación: “La experiencia de Atucha II fue exitosa. En
un esquema público-privado, al no iniciar Atucha 3, está en cuestión la
continuidad laboral, es una pérdida de capacidades. Esto afecta, no solo a los
3500 trabajadores de NASA, sino a toda la comunidad de la Comisión Nacional de Energía
Atómica”.

El campo comprado está listo para que se inicien los
trabajos que comprende movimiento de suelo, obrador e instalaciones de los
servicios auxiliares (red de agua, incendio, sub-estaciones eléctricas, etc.).

En un comunicado la Junta Interna de ATE señala que “lo más preocupante para los trabajadores son
las nuevas políticas de desarrollo nuclear referido al trabajador estatal,
donde desde el Ministerio de Energía se argumenta que no se está en condiciones
de competir con China para la construcción de la cuarta central nuclear,
fundamentan la posición en decir “solo estamos en condiciones de OPERAR
centrales nucleares de grandes potencias”. Con ese argumento nos quieren sacar
el rol de arquitecto-ingeniero y de constructor, contradiciendo totalmente a lo
que se aprobó en la Ley 26566, donde se le otorgo a NASA la responsabilidad de
realizar las actividades de diseño, construcción, licenciamiento, adquisición
de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, marcha de prueba, recepción y
puesta en servicio comercial, de una cuarta central nuclear, y concreción de la
extensión de vida de la Central Nuclear Embalse”

Además los
trabajadores de NASA reclaman, entre otros puntos:  

-Pauta salarial: Debe darse en los primeros meses y no menor
al 32%, retroactivo a enero.
-Recategorización del personal postergado.
-Que se cumpla con los Convenios Colectivos de Trabajo
-Se acordó conformar un plan de lucha con accionares jurídicos, políticos y
gremiales en función de las respuestas que se obtengan de los reclamos y
cuestiones planteadas.

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