En Misiones continúan los reclamos por precarización laboral en el ámbito estatal

El caso de
la trabajadora despedida –y luego reincorporada gracias a la lucha de ATE- de
la Guardería Nº 3 dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el conflicto
que mantienen los trabajadores municipales de San José y la situación de las
trabajadoras denominadas Promotoras de Salud, se presentan como tres casos
puntuales y actuales que reflejan fielmente cómo en la provincia de Misiones el
Estado en su condición patronal se presenta como el principal agente explotador.

Caso Anahí: explotación y persecución
sindical

Anahí Loyola
es una de las casi 50 trabajadoras que se desempeñan en las guarderías que, en
la ciudad de Posadas, dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Por una tarea
delicada como es el cuidado infantil, y con una carga horaria de cinco horas
diarias de lunes a viernes (y habitual sobrecarga por limpieza), estas
trabajadoras perciben una remuneración de 2.000 pesos, cifra que representa un
cuarto apenas del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y que está mil pesos por
debajo del fondo de desempleo en la Argentina. Además representa apenas un
tercio de la Canasta Alimenticia Mínima establecida por un reciente ejercicio
técnico de la Junta Interna de ATE en el INDEC.
Las trabajadoras de guarderías, están vinculadas al Ministerio de Desarrollo
Social desde la total precariedad que representan los contratos temporarios.
Recientemente Loyola fue despedida de su trabajo por sumarse a la organización
colectiva dentro de ATE. Finalmente, ante los reclamos y medidas del gremio,
fue reincorporada. Sin embargo, la lucha ahora es por revertir la situación de
la totalidad de las trabajadoras de guarderías en la ciudad de Posadas.

San José: precarización municipal

En la
Municipalidad de San José, los trabajadores municipales padecen la explotación
y la precarización desde hace varios años. En este municipio, se aplican
contratos chatarra y extorsivos. Una de las figuras más precarias es la de la
“Jornalización”, vínculo que propone que al trabajador municipal se le abone
por tiempo de trabajo, y que por ejemplo, lo priva de trabajar los días de
lluvia. En materia salarial, la pauperización roza lo aberrante: hay empleados
de Categoría 3 que cobran apenas 2800 pesos por mes. En estos contratos, figura
que “la Municipalidad podrá rescindir el contrato en el momento en que lo
estime necesario, sin obligación de indemnización alguna”, privando así a los
trabajadores de sus derechos básicos. Organizados en la Seccional Zona Sur de
ATE Misiones, trabajadoras y trabajadores municipales de San José, sostienen
una batalla en pos de la estabilidad laboral y los salarios dignos para el
sector.

Promotoras: violencia de género
ejercida por el Estado

La ley
26.485 define la violencia contra las mujeres como: "toda conducta, acción
u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así
como también su seguridad personal". Esta definición alcanza a aquellas
conductas o acciones "perpetradas desde el Estado o por sus agentes".
En Misiones, el caso de las trabajadoras llamadas “Promotoras de Salud”,
configura un caso de violencia de género perpetrada por el Estado.
Con esta figura se denomina desde 2004 a más de 1200 trabajadoras precarizadas-
el 95% son mujeres- que para el Estado son “becarias”. Actualmente el sueldo
que perciben estas trabajadoras es de apenas 3 mil pesos por mes por tareas
diarias que en muchos casos superan las 8 horas. Además denuncian que son
obligadas por coordinadores y autoridades dependientes del Ministerio de Salud
Pública de la Provincia de Misiones, a realizar tareas impropias del sector, e
incluso cubrir vacaciones y licencias de otros sectores. No tienen aguinaldo ni
obra social y son obligadas a asistir a actos partidarios y eventos. Ni
siquiera se les reconoce debidamente las licencias por maternidad: apenas 15
días les dan a cada promotora que da a luz. Las aberraciones salariales y
laborales a las que el gobierno provincial somete a estas mujeres, llevaron a
las mismas a organizarse dentro de la Asociación de Trabajadores del Estado,
desde donde hoy encabezan una disputa por sus derechos. En el recientemente
realizado Foro de Políticas Públicas sobre Violencia de Género, se reconoció el
caso y se instó al gobierno provincial a reconocer al sector como trabajadoras
y dotarlas de salarios dignos y estabilidad laboral.