Enérgico repudio de ATE a la intervención del Registro de la Propiedad Inmueble

La ATE- Chaco repudió fuertemente la intervención del
Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), establecida mediante un decreto
firmado por el gobernador Domingo Peppo y el ministro de Gobierno, Martín
Nievas, el pasado 22 de noviembre. 

En sus
considerandos, el decreto argumenta tremenda decisión en una serie de falacias
que a continuación se describen:

En su inicio, considera que la medida se toma “por una
serie de inconvenientes internos”, lo cual es absolutamente falso, ya que se
trata de un conflicto gremial, en el cual los trabajadores y trabajadoras
organizados en ATE presentaron una propuesta al ministro Nievas para mejorar la
atención al público, garantizar la transparencia del proceso y mejorar la
recaudación, beneficiando tanto a los usuarios como los intereses de la
provincia.

Dice además que las medidas de fuerza generan
“malestar en los propios empleados”, siendo que el 100% de los trabajadores y
trabajadoras vienen adhiriendo a las medidas. Lo que genera “malestar en los
empleados” es la falta de voluntad de las autoridades para escuchar los
planteos y propuestas para arribar a soluciones que redunden en beneficios para
todos.

Desde ATE Chaco vemos además desproporcionada la
medida tomada por el Ejecutivo Provincial y que claramente se enmarca en una
acción de práctica desleal con el objetivo de silenciar a los trabajadores en
su legítimo reclamo.

Una vez más, las corporaciones intentan prevalecer sus
intereses económicos por sobre el derecho laboral de los trabajadores y
trabajadoras.

Y esto se ve claramente expresado en un párrafo en el
que reconocen que la medida de fuerza afecta “los negocios inmobiliarios”,
dejando en evidencia que la intervención responde a la presión y el lobby que
está haciendo desde el Colegio de Escribanos hasta los operadores
inmobiliarios.

También dice en sus considerandos que las medidas de
fuerza “hacen que prevalezca cualquier voluntad individual”, cuando se trata de
una acción colectiva llevada a cabo por los trabajadores y trabajadoras del
organismo, organizados y legalmente amparados por un sindicato con Personería
Gremial Nº 2.

Por último, el texto dice que producto las medidas de
fuerza “se ve afectada en la prestación de servicios esenciales”, siendo que
sólo se consideran servicios esenciales a la salud, el transporte, la energía,
etc, aquellos en los cuales corren riesgo la vida de las personas, y no sus
negocios inmobiliarios.

La intervención se hace producto de una medida de
fuerza gremial, ejerciendo práctica desleal al desconocer el derecho a huelga
amparado por nuestra Constitución Nacional.

Llama la atención que cuando se resienten los
servicios más básicos a los que accede la población de menores recursos
económicos, como en la salud pública la educación o la cultura, al Ejecutivo
parece no importarte solucionar los conflictos. Ahora, cuando los intereses que
se tocan son de los grandes empresarios, y hasta los mismos funcionarios de
esta gestión, no les tiembla el pulso para tomar cualquier medida arbitraria
para poder avanzar con los negocios.