Frenar el Ajuste

El Departamento de
Discapacidad de ATE junto a la Secretaría de Discapacidad de la CTA-A,y otros
organismos vinculados a la temática presentaron ayer ante la cámara de
Diputados de la Nación un Proyecto de Resolución solicitando se informe sobre
las últimas medidas restrictivas que adoptó la Superintendencia de Servicios de
Salud (SSS) en materia de prestaciones de salud

Un nuevo
intento de recorte se corporizó en la Resolución No. 1231/2019 de SSS,
publicada en el boletín oficial el pasado 4 de septiembre. La misma pretendía
restringir las prestaciones y complejizar los trámites para los tratamientos de
rehabilitación destinados a las personas con discapacidad, reduciendo las horas
de terapia y también los prestadores autorizados a realizarlas. Puntualmente,
se limitó la cobertura a un máximo de tres días de terapia por semana en
instituciones reguladas (las que se reducen a dos días cuando se trata de
pacientes de rehabilitación integral “simple”) o hasta seis horas semanales de
tratamiento de, como máximo, tres profesionales distintos para la atención
independiente (las denominadas prestaciones de apoyo).

¿Cuál fue
el insólito argumento esbozado para justificar dichos recortes? “revalorizar el
derecho del niño con discapacidad al descanso, al esparcimiento, al juego y a
las actividades recreativas propias de su edad”. Esto suscitó el repudio de las
organizaciones con discapacidad y la SSS tuvo que poner pausa a la medida. El
17 de septiembre por medio de la Resolución 1416/2019, dispuso la suspensión y
convocó “a una mesa de diálogo amplio a los distintos sectores y actores
involucrados en los aspectos regulados en la norma”.

Como
afirmó Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad ATE y CTA-A, “se trató de un
avance más en el ajuste que se está ejerciendo sobre toda la población y sobre
las personas con discapacidad cuando la rehabilitación es un derecho
fundamental”. Al tiempo que destacó que la pretendida Resolución se efectuó sin
consultar a las organizaciones ni a las personas con discapacidad, colisionando
con lo instaurado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, tratado con jerarquía constitucional por imperio de la Ley
27.044. Es así que establece que “en la elaboración y aplicación de legislación
y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de
adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con
discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán
activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas
con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”.

Por otra
parte, el Proyecto de Resolución presentado advierte que el acto administrativo
emanado de la Superintendencia -organismo descentralizado en el ámbito del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social cuya misión es la regulación y control
de los actores del sistema de salud y velar por que todas las personas puedan
acceder a las prestaciones establecidas en el Plan Médico Obligatorio y las
leyes especiales para cada uno de los segmentos que requieren atención
especial-, resulta a todas luces arbitrario e ilegítimo. Pues el ente en
cuestión carece de atribuciones para dictar un acto de esa naturaleza, que
afecta el ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley 24.901 y las
convenciones internacionales en materia de discapacidad.

La
presente iniciativa, también impulsada por el diputado Nacional Daniel Arroyo,
fue planteada y surgió del grupo de trabajo formado a mediados de 2018 en la
Cámara de Diputados conjuntamente con el Departamento de Discapacidad de la
Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Consejo Directivo Nacional de ATE
y la Secretaría de Discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA) -contando con la participación de representantes de las áreas de
discapacidad de distintas centrales de trabajadores, profesionales,
especialistas y entidades intermedias vinculadas a la temática-, con el
objetivo de generar un espacio de análisis y evaluación en torno a la
implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad en Argentina. Allí se planteó abordar distintas dimensiones: por
un lado, visibilizar las dificultades y barreras que afectan y obstaculizan el
ejercicio de tales derechos; por otro, materializarlo en acciones concretas que
permitan revertir situaciones de vulneración de derechos.