Imponente manifestación de los trabajadores jujeños
Exigieron también el cumplimiento de las actas acuerdos 2013 y 2014 sobre desprecarización laboral y el pase a planta permanente.
Los
trabajadores de Jujuy, entre ellos docentes, administrativos, personal de
escuelas, de la salud, profesionales, municipales y de la actividad privada,
protagonizaron una imponente marcha provincial en San Salvador de Jujuy,
ratificando la Unidad de Acción y cumpliendo con lo resuelto en las Asambleas:
enfrentar el ajuste y medias de fuerza para lograr un salario digno.
Una
movilización con más de 10 mil personas, una doble jornada de paro contundente
reflejado en aulas vacías y guardias mínimas en los servicios estatales
esenciales, fue la expresión de lucha de los estatales jujeños en
las jornadas del 6 y 7 de marzo. A su vez, estas medidas dieron
cumplimiento a las medidas nacionales convocadas por las CTA Autónoma,
CTA de los Trabajadores, CTERA, centrales sindicales docentes y la CGT, que se
irán profundizando en los próximos días conforme siga habiendo ninguneo del
Gobierno, tanto provincial como nacional.
Los
puntos que los trabajadores reclaman al gobierno provincial son recomposición
salarial para el año 2017 en blanco y que esté acorde a la inflación anual
proyectada, y que a su vez contemple la pérdida del poder adquisitivo del año
pasado; salario mínimo vital y móvil que sea igual al costo de la canasta
básica total; universalización de las asignaciones familiares sin tramos;
blanqueo de adicionales y devolución de descuentos ilegales sobre grises
realizados en 2016 por el gobierno provincial. Así como también el cumplimiento
de las actas acuerdos 2013 y 2014 sobre desprecarización laboral y el pase a
planta permanente de los trabajadores de la administración pública provincial y
municipal; revisión del complemento salarial de 2016 por arbitrario
insuficiente y discriminatorio; devolución de los descuentos por los días de
huelga del año pasado y paritarias sin techo, junto al 82% móvil para las
jubilaciones y la ejecución de una política habitacional real para los
estatales.