La Justicia condena a Migraciones a restituir a una compañera de ATE

Así lo suscribe la jueza Silvia Garzini en el fallo de la causa iniciada contra el Estado. La demandante acusa haber sido desplazada de su tarea por motivaciones anti sindicales y discriminatorias, por lo cual pasó a cobrar menos del 50% del adicional SIM (Suplemento por Servicio de Inspección Migratoria). La dirección a cargo de Martín Arias Duval deberá costear la condena con alrededor de 7 millones de pesos, según informó la junta interna de ATE en el sector.

La resolución sobre la situación de Rinaldi, afiliada a ATE, podría reiterarse en otros 63 casos más. Ese es el número de inspectores dados de baja el 18 de mayo de 2011 con la excusa de haber abandonado sus puestos de trabajo, cuando los compañeros se movilizaban en verdad por incrementar el adicional SIM. Como Rinaldi estaba de vacaciones no pudieron exonerarla en esos días, pero el castigo llegó después.

Los 63 fueron trasladados a la sede central de Migraciones y vieron reducidos sus salarios. A algunos los sumariaron, no les justificaron licencias médicas, les controlaron legajos o los suspendieron sin goce de sueldo. A Rinaldi, mamá de una niña, le fijaron un horario laboral nocturno, cuando para todos los trabajadores es rotativo. El 20 de julio de 2011, finalmente, también la dieron de baja del Cuerpo de Inspectores para pasar a cumplir tareas administrativas.   

“Esta ha sido una estrategia de UPCN acordada con la patronal, porque han tomado cuenta del crecimiento de ATE y sus conquistas, como el de establecer un techo de diez horas de trabajo. Se ha intentado generar un disciplinamiento en el marco de una rebaja salarial encubierta que consiste en no aumentar el SIM, un adicional que se paga en negro”, explica Hugo Bellón, delegado general de ATE en Migraciones. El compañero agrega que en reemplazo de los desplazados, algunos de los cuales cuentan con una experiencia de 30 años de trabajo, la dirección incorporó empleados sin ningún tipo de preparación técnica, en desmedro, claramente, de la seguridad aeroportuaria.

Los abogados de la patronal sostuvieron en el expediente que Rinaldi no fue desplazada por motivos sindicales y que su reordenamiento es una facultad del Estado, algo que entra en contradicción con la declaración de los testigos. Según ellos, Rinaldi era una compañera que, sin ser delegada, participaba activamente de la vida sindical en el sector de trabajo: intervenía recurrentemente en las asambleas, informaba a los trabajadores de las decisiones orgánicas, asistió a las conciliaciones obligatorias y se manifestó en cada protesta, aún durante sus vacaciones.  

“El cambio de tareas del que fue objeto la trabajadora ha pretendido encubrir una conducta discriminatoria por la actividad gremial llevada a cabo por ésta, a fin de defender sus derechos y lo de sus compañeros”, sentenció la jueza Garzini. Destacó además las probadas aptitudes profesionales de Rinaldi, que convierten a la justificación patronal de aprovechamiento de los recursos humanos en una mera excusa.

 

Prensa ATE – 22/10/13