La SAF, un organismo vaciador y fuera de la ley

Los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar de
La Pampa advirtieron que el Gobierno nacional pretende adjudicarle a la
dependencia del Ministerio de Agroindustria un presupuesto de 345 millones de pesos
para el año próximo. Muy lejos de los 1500 millones que estableció de piso la
ley de reparación histórica sancionada en 2015.

Respecto del año en curso, la partida crece sólo en 45
millones de pesos, lo que equivale a un 18% más que se diluye fácilmente en la
corriente inflacionaria del 45% y el 17% previsto para los siguientes meses.  

La Secretaría conducida por Oscar Alloatti contiene a 1500 trabajadores distribuidos en 21
delegaciones provinciales que asisten a 200 mil
familias de pequeños productores. “Pero en estas condiciones eso es imposible”,
auguran los estatales.

Sus
compañeros de la delegación Jujuy, en tanto, confirman que ninguno de los trece
despedidos en febrero pasado pudo reincorporarse oficialmente, a pesar del
fallo del Juzgado Federal Nº1 de Jujuy y de la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta, en junio y agosto pasados.

La
Justicia determinó la nulidad de los despidos sobre seis trabajadores, creando
jurisprudencia sobre los otros siete. Sentenció que fueron echados
arbitrariamente, perseguidos y que debían ser reincorporados de inmediato.
Desestimó asimismo el argumento patronal al considerar que no eran empleados
transitorios, porque realizan la misma tarea desde hace seis años.

Desde
hace un mes y medio, los estatales ingresan a su lugar de trabajo. Testigo de
ello fue una escribana pública nacional. Sin embargo, no cobran su salario y la
Secretaría continúa sin oficializar su reincorporación.