Nestor García, papá de Micaela García: “La Ley Micaela puede salvar vidas, como hubiese salvado la vida de de mi hija”

El 1 de abril de 2017 Micaela García salió a divertirse a un boliche con sus amigas. Era estudiante del profesorado de educación física, tenía 21 años y vivía en la localidad entrerriana de Gualeguaychú. Como muchas jóvenes de su edad, abrazaba la defensa de los derechos humanos y los feminismos, además era militante del Movimiento Evita.

A la salida del boliche, durante la madrugada de ese 1 de abril fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual. Wagner cumplía una condena de nueve años de prisión por la violación de dos mujeres, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.

La lucha por justicia de la mamá de Micaela, Andrea Lescano, y su papá, Néstor “Yuyo” García, junto al resto de su familia y amigxs, así como el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género en los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes. 

El resultado fue la sanción, en diciembre de 2018, de la ley 27.499 “Ley Micaela”, promulgada el 10 de enero de 2019. Esta normativa obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Ley Micaela representó una forma de reparación no punitiva para la familia de Micaela, pero además, una política pública que promueve un cambio cultural cuyo principal objetivo es prevenir y erradicar la violencia machista, los femicidios y transfemicidios a través de la capacitación y la concientización de dicha problemática. Una herramienta fundamental que genera acciones concretas para alcanzar una sociedad libre de violencias y desigualdades de género.

Esta ley es una política pública fundamental que rompe con prejuicios e ideas naturalizadas y legitimadas por el régimen patriarcal que dominan en una sociedad machista como la que vivimos. Supone además, que las capacitaciones que reciben lxs funcionarixs del Estado sirvan también para evitar y erradicar esas violencias que existen incluso en sus espacios de trabajo, al desnaturalizar situaciones que antes de la captación no concebían como una forma de violencia. Una transformación que, sin lugar a dudas, mejora las relaciones laborales y se cristaliza en el conjunto de la sociedad.

El proyecto de Ley Ómnibus presentado por el gobierno de Javier Milei propone modificar artículos de la Ley Micaela que ponen en peligro su correcta implementación: elimina las capacitaciones, dejando esta obligatoriedad solo para quienes se desempeñen «en los organismos competentes en la materia», sin dejar en claro a qué trabajadorxs alcanzaría. Además, sustituyó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad – que era la autoridad de aplicación de la norma – por el Ministerio de Capital Humano. 

Asimismo, propone sustituir la expresión «temática de género y violencia contra las mujeres» que tenía originalmente por «temática violencia familiar y contra la mujer», reduciendo la problemática como algo que solo sucede dentro del hogar y sin mencionar otras identidades de género. Por último, introduce la posibilidad de modificar el material de las capacitaciones a cargo del Ministerio de Capital Humano.

Para entender cabalmente la importancia de esta ley, reproducimos las palabras del papá de Micaela, Néstor “Yuyo” García, que escribió en mayo del año pasado en un artículo de la Agencia Télam:

“Para entender mejor qué significa que haya perspectiva de género, suelo dar el ejemplo de lo que pasó con mi hija, un caso donde, evidentemente, el Estado tuvo muchas fallas. El femicidio de Micaela ocurrió por varias cuestiones, pero hay tres instancias que son determinantes.  

La primera es que Sebastián Wagner -que hoy está cumpliendo cadena perpetua por violación y femicidio- había tenido un juicio por dos violaciones independientes, en víctimas diferentes, en espacios diferentes, en tiempos diferentes, pero que fueron unificadas y abreviadas por la intervención de un juez y un fiscal sin perspectiva de género, que le dieron muy poquitos años de condena.

En cumplimiento de esa condena llegó un momento en que Wagner tuvo el derecho de solicitar la libertad condicional, a pesar de más de siete informes negativos de profesionales de la psicología no aconsejaban su liberación. Por segunda vez, la Justicia intervino sin perspectiva de género y le otorgó ese beneficio.

Pero hubo otra situación más, muchísimo más cercana al día en que ocurriera la violación y el femicidio de Micaela. El 31 de marzo, 24 horas antes, el papá de una nena fue a radicar una denuncia en Gualeguay contra Wagner por intento de abuso y no le tomaron la denuncia porque la jueza no estaba en la ciudad. Le pidieron que volviera el lunes siguiente.

Nosotros siempre decimos que no tenemos nada contra esos funcionarios, porque las personas tienen responsabilidad cuando conocen, cuando saben, pero el Estado sí es responsable de no tener agentes que estén capacitados. Si esos funcionarios hubiesen actuado con perspectiva de género, esa noche Wagner habría estado encerrado en la comisaría, porque el domicilio que tenía declarado como propio para gozar de libertad condicional era en el que vivía. Pero nada de esto sucedió.

A raíz de estas tres instancias donde intervinieron agentes del Estado sin perspectivas de género, Wagner pudo encontrarse con Micaela la madrugada del 1 de abril de 2017 para violarla y asesinarla. Por eso, creemos que la Ley Micaela puede salvar vidas, como hubiese salvado la vida de Micaela. Y aunque parezca algo lejano, es una normativa que pretende cambiar la realidad a través de la capacitación.”