“Los jueces, fiscales y defensores deben responder por la muerte de Cristina Vázquez”

Cristina Vázquez pasó once años presa por un crimen que no
cometió. En diciembre, fue liberada junto con Cecilia Rojas, quien estuvo tras
las rejas 14 años. Ambas habían sido condenadas
sin pruebas, en un proceso plagado de irregularidades, por el asesinato en 2001 de Erselida Lelia Dávalos. Pero una vez en la calle, el Estado se desentendió. Ayer fue encontrada
muerta en el departamento que alquilaba en Posadas.

“Estuvimos cerca pero no alcanzo lo que pudimos articular
para poder sacarla de esa situación”, afirma con bronca e indignación Alicia
Rivas, Secretaria de Comunicación de ATE Misiones y referente de Género en la
provincia.

Junto a la CTA-A
provincial, en el marco del Equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y
Género, apuntan con claridad a la responsabilidad del Poder Judicial, del
Estado, la Iglesia y de los medios, como cogestores de ese sistema de la crueldad
que sometió a Cristina durante 20 años, incluso, tras su liberación.

Cuando fue imputada tenía 19 años, casi una adolescente. En
ese entonces los medios la habían bautizado “la reina del martillo”, en
referencia al arma usada en el femicidio de Dávalos, que además quedó impune.
La justicia se ensañó con Cristina, con Cecilia y con Ricardo Jara –que continúa
preso- y nunca siguió otra hipótesis.

“Hemos participado en distintos procesos de absolución, en
los que por supuesto hay una cuestión de género, de clase y de raza; pero lo
que nos impresiona al estar contacto con el sistema penal en Misiones es la
liviandad con la que condenan a personas absolutamente inocentes”, expresa
Rivas.

El Estado es
responsable

Cuando una persona es absuelta ni siquiera interviene el
Patronato de Liberadxs que, a pesar de todas las falencias, es una herramienta
con la que cuentan quienes cumplen una condena, explica Rivas. Recuerda que María
Ovando (acusada del asesinato de su hija en 2012) pasó por la misma situación de desamparo y
que cuando salió no tenía dónde dormir. “Con Cristina,  el Estado directamente se desentendió”,
denuncia.

A esto se añade el rol de la Iglesia Católica que la “contuvo,
en el peor sentido de la palabra”, dice Rivas. La “absorbió” para que no se
desborde a la hora de cuestionar y para evitar pueda articular con el
movimiento de mujeres.

Esto,
resalta, con el agravante de que la Iglesia la presionaba para que se divorcie
de su compañera, con quien se casó en el penal. “Entonces, además de las
secuelas del encierro y el calvario que vivió, de la depresión, se encontró con
un lugar que la hostigaba por su identidad de género. Todo fue colaborando para
que ella se encuentre en situación de encerrona”, resume.

La dirigente de Misiones resalta que “en estos casos no
sirven las dádivas, es necesaria una reparación integral". “La Iglesia la asistió, entre comillas, con un trabajo precario, que gestionó a través del Estado, y que apenas le servía para mantenerse”. En cambio, manifiesta, la tendría que haber
abordado el Estado a partir de un equipo interdisciplinario, que le garantice un trabajo digno, una vivienda digna como ella soñaba”.

“Esto nos llena de impotencia pero confirma la pelea que
venimos dando contra sistema judicial patriarcal, así como el reclamo de lxs
trabajadores del Estado contra el vaciamiento de todas las áreas que deberían
garantizar derechos dentro del Estado”, afirma.

Esta tarde ATE y la CTA-A se manifestarán en Posadas para
exigir justicia por Cristina Vázquez en el marco de jornada nacional de lucha
contra el gatillo fácil y la violencia institucional. Siguen exigiendo justicia
por Cristina, y justicia y reparación por Cecilia Rojas y Ricardo Jara.

“La muerte de Cristina no puede quedar impune. Los jueces,
los fiscales y defensores oficiales hoy deberían estar respondiendo por su
muerte. No puede ser que sigan escalando y ganando poder,  porque es poder de daño;  siguen teniendo en sus manos la vida y la
libertad de miles de personas”, concluye Rivas.