Marcha a tribunales: palos para los trabajadores

Hoy fue el día. Al igual que en el invierno del 2008, cuando Juan Schiaretti hizo aprobar en la legislatura un ajuste previsional que derivó en una bataola en la Plaza San Martín, los tribunales provinciales fueron testigos de la salvaje represión que comandó el comisario Ramón Frias, jefe de la departamental Capital, junto a 1000 efectivos policiales preparados para aplicar el rigor que la gestión delasotista entiende indispensable para llevar adelante un plan de gobierno, que combina marketing publicitario y ajuste financiero en igual medida.

 

 

Las columnas de trabajadores llegaron alrededor a partir de las 10.30. ATE arribó unos minutos después porque previamente se movilizó hasta la sede de la Caja de jubilaciones.

 

El frío que despertó a la ciudad este jueves, después de una miércoles calcinante para agosto, no tenía previsto que las fuerzas policiales, tan duchas en aplicar palos como en dejar sin resolver los delitos más impactantes y sonados de la última década, calentaran la mañana, arremetiendo contra los miles de compañeros que acompañaban a los dirigentes estatales a presentar la denuncia por inconstitucionalidad de la ley 10078, que difiere el pago de los aumentos salariales a los jubilados pro 180 días, entre otras penosas medidas aprobadas hace 20 días en la legislatura.

El caldo de cultivo que fondea la crisis de la jubilaciones cordobesas hay que buscarlo en la pelea política entre el gobierno nacional -vía spots publicitarios tan necios como mal intencionados, hasta el punto de calificar a las jubilaciones cordobesas como ‘de privilegio- y el gobierno provincial, que utiliza a la Caja como punta de lanza para su choque con el kirchnerismo, en aras de sostener la presumible candidatura (testimonial) de José Manuel De la Sota para presidente en el 2015. Para ello reclama con justeza los fondos que en Anses no manda a la provincia, pero evita responder por sus responsabilidades en el desfinanciamiento de la entidad previsional, con 25 mil jubilaciones anticipadas y años de pagos en negro en los sueldos de los activos.

Esta situación, sumada a la persistente  presión nacional para ‘armonizar’ (es decir, bajar literalmente las jubilaciones al nivel cobran los jubilados del Anses) demuestra que es la conducción política, tanto de la Casa Rosada como en Córdoba, lso responsables del cuadro que sufren los estatales en Córdoba. Mientras, los jubilados provinciales son el jamón de un sandwich que se comerán las disputas políticas pequeñas, mientras los trabajadores luchan en las calles por defender sus derechos.

 

 

Bajo la recurrente excusa de las bombas de estruendo, Frías ordenó a las formaciones azules que cargaran contra los compañeros, que respondieron con cantos, en su mayoría, y piedras, sólo unos pocos grupos espaciados. Se pudo observar como dos compañeros judiciales eran demorados cuando intentaban proteger a dos mujeres jubiladas del mismo gremio, dando muestras que la política no apuntó a los famosos ‘violentos’, sino llevándose puestos a cualquier trabajador que se pusiera enfrente. Otro trabajador más, de Luz y Fuerza, también fue demorado. Peor lo más grave son los 15 compañeros que resultaron heridos como resultado del accionar policial.

 

 

“Sólo fuimos a pedir que se derogue esta ley a tribunales, porque es un nuevo avance contra nuestros jubilados”, señaló María Teresa Romero, secretaria General de ATE Córdoba. “El gobernador De la Sota mintió cuando dijo que salía de la emergencia previsional y no tocaría ningún derecho de los jubilados, sino sólo reclamar a la Nación por los fondos adeudados. Recordemos que ya han armonizado muchas de las condiciones del sistema previsional cordobés con las pautas del Anses. Nosotros reclamamos el retorno a la ley 8024 original, que el proceso de unión por Córdoba viene desarrollando hace 12 años. Ahora reprime a los trabajadores para acallar la protesta porque no puede convencer que la mentira es cierta”, acusó la dirigente.

Las balas de goma y los gases lacrimógenos fueron el principal argumento para fundar el diálogo que De la Sota proclama como único instrumento en su política marketinera.

 

La represión se extendió hasta pasadas las 13 horas, cuando las distintas columnas gremiales ya se habían retirado de la zona. La policía le dijo a la prensa que la represión “fue mesurada”. Como cínico festejo de la jornada vivida, De la Sota departió por la tarde con Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, mientras los gremios resolvían los pasos a seguir.

 

 

ATE resolvió para mañana un paro de 24 horas en el Estado provincial, al igual que los municipales de capital, judiciales y Luz y Fuerza.

 

 

Comunicado del CDP cordobés: Repudio a la represión a los trabajadores

 

 

ATE Córdoba expresa su más profundo repudio a la represión policial desatada hoy en contra de los manifestantes, frente al edificio de Tribunales y zona aledaña.

 

Así se manifiesta el presunto espíritu dialoguista del gobernador De la Sota, que no mide las consecuencias que generan las medidas autoritarias que promueven la pérdida de derechos previsionales, tal como sucedió con la aprobación de la ley 10078.

 

El ensañamiento policial con los trabajadores, que hasta el momento habrían dejado un saldo de 15 heridos, da cuenta de cuál es el objetivo que persigue el gobierno provincial: ajuste y represión para activos y jubilados de la provincia de Córdoba. Mientras, De la Sota prosigue con su juego político y campaña publicitaria, para evadir sus responsabilidades institucionales sobre el desmanejo de la Caja de Jubilaciones en particular, y de las finanzas provinciales en general.

 

Alarma la magnitud de la represión, que no se condice con el clima de la concentración. Pareciera que la jornada de hoy fue un mensaje del poder a los trabajadores para que detengan sus protestas. En ese sentido, exigimos la inmediata liberación de los tres compañeros demorados por ejercer su derecho a la protesta.

Estos penosos hechos no deben obviar que ATE repudia los dichos del interventor del ANSES, Diego Bossio, en el sentido que las jubilaciones cordobesas ‘son de privilegio’, declaraciones que promueven un escenario de confrontación sin sentido. Olvida el funcionario que los estatales cordobeses aportamos el 18% de nuestro salario (más el 22% de la contribución patronal) y que el 82% móvil es un derecho consagrado por la Constitución provincial. Seguramente la poca voluntad de cumplir con la ley y la justicia que muestra Bossio, como bien lo saben los jubilados beneficiados por el fallo Badaro, le impide informarse sobre la normativa del sistema previsional cordobés.

Por todo lo expuesto, ATE continuará desarrollando el plan de lucha, conjuntamente con los compañeros comprometidos en la defensa del sistema previsional cordobés, con la mecánica dispuesta hasta el momento. En ese sentido, mañana realizaremos la presentación del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia sobre la ley 10078, que estaba prevista para hoy y no pudo ser presentada.

 

 

 

PRENSA ATE CORDOBA – 23/08/2012