Ningún estatal por debajo de la canasta familiar

Al mes de julio de 2013, diferentes organismos establecían el precio de esta Canasta en un mínimo de 8 mil pesos. Los compañeros de ATE del INDEC intervenido, siguen generando con datos de distintas provincias lo que se denomina Salario Mínimo. Toman como modelo a una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores. A partir de este recorte establecen lo que sería una canasta alimentaria mínima y una canasta en donde se suman otros bienes de servicio y consumo “mínimo”, la suma de estas dos canastas nos da el salario mínimo mediante el cual podríamos acceder a esta canasta. Según los datos de nuestros compañeros/as el mínimo es de $7.978 pesos para el mes de agosto de 2013. Por otra parte el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (CESYAC) de Rosario estimó para el mismo mes la Canasta Familiar para la ciudad de Rosario en $ 8.411. En consecuencia, la gran mayoría de los/as estatales no cubrimos con nuestros salarios estas necesidades.

Existe en nuestro país el denominado salario mínimo. Éste está fijado hasta diciembre de 2013 en 3.300 pesos. Si bien este Salario Mínimo Vital y Móvil es miserable, la Ley no obliga a provincias, municipios y comunas a pagar este piso salarial, por lo que existen muchísimas localidades en la Provincia en donde los asalariados/as están lejos de recibir esta remuneración. Esto nos obliga a hablar de otro gran flagelo; la precarización, el trabajo informal y en negro.

Mientras en la última Paritaria provincial se hablaba de generar una nueva Ley para permitir el pase a la Planta permanente de la Provincia de dos mil trabajadores y trabajadoras hoy precarios, la realidad indica que aún no se ha terminado de cumplir con el blanqueo propiciado también por una Ley a fines de 2011. La realidad es que no es necesaria ninguna nueva Ley y debería regularizarse de manera inmediata a los trabajadores que cumplen funciones específicas iguales a las de Planta Permanente, y que además hayan tenido como modalidad de trabajo la reiteración de extensión de contratos; ya que a partir de esto se considera que su relación laboral es “por tiempo indeterminado”. Esto lo dice la Ley de contrato de trabajo 20.744. De no cumplirse con lo establecido se caerá en la tipificación de Fraude Laboral. Por otra parte, existe en la Provincia una ley de ingreso a la Administración Pública, que define que el ingreso debe ser por concurso. Por todo esto no vemos la razón para discutir nuevas leyes, cuando ya están consagrados los derechos mencionados.

Esto mismo se aplica al Estado Nacional, en donde la precarización laboral mediante contratos de locación o contratos transitorios implican el 40 por ciento de la masa laboral del Estado argentino. La realidad en los municipios es aún peor. En los municipios y comunas es “normal” todavía el trabajador “semanal”, a quien un capataz le dice cuándo y dónde va a trabajar, o no. Se les paga en la mayoría de los casos un “estipendio” que va de los 200 a los 500 pesos semanales.

Todo lo anterior nos lleva a un tema fundamental para la clase trabajadora en general y para los estatales en particular. La necesidad de tener un Convenio Colectivo de Trabajo que regule las relaciones laborales entre la patronal y los/as trabajadores/as. En la provincia de Santa Fe, a pesar de los 30 años de Democracia, seguimos sin tener un CCT, tanto para la Administración Pública Provincia, como para los trabajadores municipales. Las leyes provinciales 10.052 (que estipula las paritarias para la Administración Pública Provincial) y 9.996 (que rige a los municipales) deben ser derogadas y constituirse sendos Convenios Colectivos de Trabajo. Las leyes mencionadas debían cumplir como ese requisito cuando fueron sancionadas, sin embargo mantienen vigentes estatutos de la dictadura militar, tales como el 8.525 para los provinciales y la 9.286 para los municipales. Exigimos un CCT y Paritarias libres. No habrá carrera administrativa para los/as trabajadores/as hasta que no haya un verdadero CCT.

Ya nos hemos pronunciado sobre el bochornoso “aumento del 80 por ciento” de las Asignaciones familiares en la Provincia y en los municipios. El Estado paga ahora 200 pesos por hijo. Exigimos que esta cifra se eleve al mínimo establecido por la Asignación Universal que es de 480 pesos.

 

Prensa ATE Rosario 30-09-2013