“No es posible lograr una salida a la crisis sin la plena participación popular”

La reunión comenzó con la presencia de las tres centrales
sindicales, las representaciones de las cámaras empresarias de todas las
actividades, y funcionarios del Ministerio de Trabajo, entre los que se
encontraba su titular, Claudio Moroni.

Tras la presentación formal de
las partes, los funcionarios de la cartera laboral determinaron que únicamente
podrían participar en el debate de la Comisión de Empleo, Productividad y
Salario Mínimo, Vital y Móvil un representante por la CTA-T y otro por la CGT,
excluyendo a la CTA-A de la titularidad en el ámbito donde se discutiría la
propuesta que finalmente se elevó al plenario.

El Secretario General de la
CTA-A, Ricardo Peidro, rechazó terminantemente esas condiciones por
considerarlas arbitrarias y sostuvo que “parecen querer evitar una voz
disonante en medio de la crisis que estamos atravesando”.

Luego de algunas horas de
debate sin la presencia de la CTA Autónma, las cámaras empresarias elevaron una
propuesta que conformó a los representantes sindicales restantes: un aumento
del 28% en el salario mínimo, en tres tramos, alcanzando los 21.600 pesos
recién en marzo de 2021.

En tanto, se determinó una
nueva reunión de estos montos para abril del año próximo, pero con una salvedad
que realizó el propio Daniel Funes de Rioja, representante de la parte
empresaria: "cuando decimos que estamos dispuestos a revisar el acuerdo en
abril, no significa que esto sea una clausula gatillo y automáticamente vamos a
convalidar un incremento".

Ya
en la reunión plenaria, la CTA Autónoma, que en esta instancia sí contaba con
la titularidad, rechazó el acuerdo por haber sido apartada del debate ya que “
se impidió plantear las necesidades y propuestas de un importante sector de
trabajadores y trabajadoras”.

En su intervención, Peidro
recordó que el poder adquisitivo se redujo 35,7% en los últimos cuatro años y
medio, considerando que debería haber sido el primer parámetro para la
recomposición del SMVM.

Además, el dirigente sostuvo
que el salario mínimo debería contemplar a los trabajadores y trabajadoras de
casas particulares, empleados y empleadas rurales, y algunos sectores de la
administración pública provincial y municipal, como también al personal que
cumple “tareas de cuidado”.

El acuerdo en datos

Según datos del Observatorio
del Derecho Social de la CTA Autónoma, el aumento pactado ayer convalida, en
realidad, una caída del 9% en el año y vuelve a niveles de 2004, y cuya
consecuencia es que el Salario Mínimo, Vital y Móvil vuelva a funcionar como
“ancla salarial” o “una señal que limite la puja distributiva en aquellos
sectores que todavía tienen margen para pelear por mayores salarios”.

En ese sentido, advierte que
el nuevo acuerdo también le pone un límite a reclamos que podrían formularse en
sectores que suelen tomar al SMVM como referencia (casas particulares, sector
público provincial y municipal, economía popular).

El ODS concluye que la suba
acordada implica perder una oportunidad para impulsar una política salarial que
fortalezca los ingresos de los sectores de menores recursos.